Mientras los trabajadores de Xustiza iniciaban su huelga, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, justificaba en el Parlamento su negativa a aceptar reivindicaciones como la subida salarial exigida, al alegar que debería aplicarla al resto de los 95.000 empleados autonómicos con una factura de 600 millones. "¿Propone en serio que aumente el capítulo de personal en 600 millones?", le preguntó al portavoz de En Marea, Luís Villares, que censuró la actitud del Ejecutivo en la negociación.

Feijóo defendió la oferta planteada a los sindicatos, que permitirían que "hubiese entre 10 y 12 comunidades donde se cobraría menos que en Galicia, como Valencia, Cataluña e incluso Navarra", si bien cinco de ellas (más Ceuta y Melilla) carecen de competencias transferidas, caso de Galicia. Cifró ese incremento salarial entre 660 y 900 euros anuales, además de elevar entre 600 y 1.200 euros el plus de los juzgados de violencia de género, 43 plazas de refuerzo o la mejora de los permisos por maternidad y paternidad. Eso sí, matizó que sería "ilegal" aplicar esas subidas este año, como, recordó, le indicó el Gobierno central a Madrid.

"¿Sabe usted que el Ministerio de Hacienda está notificando a las comunidades autónomas que no se puede contravenir a ley? ¿Y usted, señoría, desde su currículum me propone que haga un acuerdo en contra de la ley?", preguntó al portavoz de En Marea.

Villares le afeó el recorte del 50% del salario diario de estos trabajadores por una ausencia justificada -"Como el resto de empleados públicos", contraatacó Feijóo- y le reprochó su incapacidad para solucionar un conflicto que generaría la suspensión, cifró, de 500 juicios. "¿Merece la pena el sacrificio de un país por la carrera de una persona?", cuestionó, argumentando que los "recortes" aplicados por la Xunta responden a la "sumisión" de Feijóo al PP para estar mejor posicionado para la sucesión de Rajoy.