La primera jornada de la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia de Galicia concluyó con un seguimiento masivo que provocó la suspensión de unos 800 juicios y miles de trámites en toda la comunidad, según fuentes sindicales.
Las sedes judiciales de A Coruña fueron las más afectadas ya que se suspendieron 190 vistas. En Vigo fueron 80 y en Pontevedra, 68. Por detrás quedaron Lugo, con 55; Santiago, con 50, y Ferrol con 40. En los juzgados de Ourense estaban previstos 130 juicios entre el miércoles y el viernes, y ayer se suspendieron 67. La previsión es que entre hoy y mañana tampoco se celebren los 63 que quedan. El primer día de paros se desarrolló sin incidentes y los servicios mínimos se cumplieron en su totalidad.
Según las cifras ofrecidas por la Xunta, de los 2.700 empleados de la Administración de Justicia, 1.046 (el 38%) secundaron la primera jornada de huelga. En este cálculo están excluidos los 116 que no acudieron al trabajo por "ausencia justificada" (vacaciones, asuntos particulares o días de libranza) y 770 que cumplieron los servicios mínimos (el 28,5% de la plantilla).
Si se suman estos trabajadores y los que tuvieron la obligación de realizar los servicios mínimos, el porcentaje de apoyo a la huelga estaría, cifra que admitió el director xeral de Xustiza, Juan José Martínez, en torno al 71%. "Ese sería el dato que tendrían que dar los sindicatos si fueran objetivos", aseguró. Por provincias, el seguimiento de la huelga en A Coruña fue del 40,9%; en Lugo, del 29,9%; en Ourense, del 48,9%, y en Pontevedra, del 39,9%, según datos de la Xunta.
El comité de huelga elevó el porcentaje de participación hasta el 90% de media en la comunidad. En A Coruña, Lugo y Ferrol fue del 85%, en Santiago rondó el 90%, mientras que en Ourense superó el 93%, y en Vigo y Pontevedra estuvo en el 94%. En los ayuntamientos más pequeños, por ejemplo, el seguimiento fue del 100% en A Estrada, Marín, Porriño y Tui; del 98% en Lalín y Cambados y del 70% en Carballo y Corcubión.
La guerra de cifras entre ambas partes llegó hasta el total de la plantilla de trabajadores públicos del sector judicial que hay en Galicia. Juan José Martínez aseguró que son 2.700. "Lo sabemos bien porque pagamos las nóminas", recordó.
En cambio, los sindicatos los rebajan a poco más de 2.500. La diferencia, aseguran, es porque Martínez incluye al personal laboral de la Xunta "que no son cuerpos de la administración de Justicia". "No pueden hacer paros porque no están llamados a la huelga", explican fuentes sindicales. Sin esos 200 empleados, las cifras de seguimiento de la huelga que ofrecieron la Xunta y los representantes de los trabajadores se acercarían.
A pesar del amplio seguimiento de la primera jornada, ayer no se produjeron contactos entre la Administración gallega y los sindicatos. La previsión es que la huelga se mantenga, al menos, hasta mañana viernes y que el fin de semana sirva para analizar el impacto de los tres días de paros y cómo han afectado a cada una de las partes. A cada uno de los funcionarios que no acude a su puesto de trabajo se le descuenta, según el cuerpo al que pertenezca, entre 50 y 100 euros por jornada.
Óscar Freixedo, miembro del comité de huelga, aseguró que "la gente está con el ánimo alto y cada comparecencia que hace la Administración nos alienta más". Sobre la posibilidad de que los ánimos de los trabajadores decaigan según avancen los días, el sindicalista se pregunto: "¿Empezaríamos una huelga indefinida si tuviéramos claro que solo iba a ser por tres días? No. Sabemos que va para largo".
El conflicto se asienta en cinco reivindicaciones. Hubo avances en las que están ligadas a la consolidación de empleo, amortizaciones y cobertura de trabajadores de rango superior, pero se han enquistado en los puntos relativos al apartado retributivo y a la "discriminación" que, según los sindicatos, sufren los funcionarios que dependen de la Administración autonómica en las bajas por incapacidad temporal.
"La gente está muy cabreada porque ellos ponen el acento en que pedimos una subida del 16%, pero es que nos han robado un 20%", reiteró Óscar Freixedo que criticó que la oferta económica de la Xunta (entre 660 y 900 euros al año) no se haría efectiva hasta el 1 de enero de 2019 y no estaría completa hasta finales de 2021. Hoy se retomarán los paros.
