La Xunta y los sindicatos de Xustiza volverán a sentarse juntos para intentar desbloquear el conflicto que ayer vivió su tercera jornada consecutiva de huelga. La consecuencia de los paros en la comunidad son casi 2.000 juicios suspendidos y miles de trámites aplazados desde el miércoles.
El comité de huelga, que aglutina a los siete sindicatos de Justicia, convocó ayer al Ejecutivo gallego a una reunión el lunes. Por la tarde, aunque no había recibido la petición oficial de retomar las negociaciones, la Consellería de Xustiza dijo aceptar el ofrecimiento.
"Hay una plena disposición de la Xunta para negociar. Sería una buena noticia que tras varios abandonos de la mesa, los sindicatos decidiesen reanudar el diálogo que rompieron unilateralmente", aseguraron fuentes de la Consellería. "Acudiremos con los representantes de la negociación y será preciso convenir la hora", apuntaron.
El encuentro no se prevé fácil. Un día después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, retase a los sindicatos a que enseñasen "sus cifras", los representantes de los trabajadores respondieron y, en siete ruedas de prensa simultáneas en las ciudades, presentaron sus tablas, además de cargar con dureza contra el jefe del Ejecutivo gallego, al que acusaron de "mentir".
Visiblemente molesto con las declaraciones de miembros del Ejecutivo gallego durante los últimos días, Javier Fernández, portavoz del comité de huelga, reconoció que los trabajadores "están hartos de las mentiras de Feijóo y Rueda [conselleiro de Xustiza]". Según los sindicatos, la tabla que el Gobierno gallego expone desde hace semanas "está manipulada".
Plus salarial
"Para que les cuadren las cuentas son capaces hasta de convertir en comunidades a Ceuta y Melilla", esgrimió, antes de incidir que, frente a la tabla que ha hecho pública la Xunta, en la que aparecen las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, con lo que la media aumenta, "son 12 comunidades" las que tienen transferidas las competencias y las que deben ser tenidas en cuenta en la comparativa.
La Consellería de Xustiza volvió a insistir ayer que su oferta situaría a la comunidad "por encima de la media del conjunto de las comunidades". En estos momentos, los funcionarios de la administración de Justicia en Galicia cobran un 22% menos que la media de las 12 comunidades que tienen transferidas las competencias, tal y como ya detalló este periódico. Con la oferta realizada por la Xunta, pasarían a percibir un 8,8% menos.
El Ejecutivo gallego insiste en que ofrece 75, 62 y 55 euros al mes para los gestores, tramitadores y auxilios, respectivamente. La letra pequeña, critican los sindicatos, señala que en 2018 no habrá ninguna subida y que el aumento para un gestor durante los años 2019 y 2020 sería de 25 euros al mes para un tramitador, de 20 y para un auxilio, de 18. No sería hasta 2021, cuando se alcanzarían las cantidades que ha ofertado la Xunta.
Los representantes de los trabajadores añaden que la Xunta ofrece "cero" euros de subida para 2018, lo que mantendría a Galicia "a la cola" en este ejercicio. Aún con la propuesta económica de la Xunta, que se aplicaría en tres anualidades y a partir de 2019, también desmintieron que se vayan a incrementar "entre 600 y 900 euros" al año.
El incremento estaría (en 2021), según los sindicatos, entre los 500 euros al año de los auxilio, los 520 de los gestores y los 507 de los tramitadores.
"La Consellería de Xustiza insiste en que "mantiene su oferta de 900 euros anuales", aunque no se harían efectivos en su totalidad hasta 2021. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recalcó ayer en que es "absolutamente inasumible" aceptar la subida que solicitan los sindicatos y que, recordó, "llega al 16%". "Ni lo podemos hacer ni lo vamos a hacer", sentenció.
Los funcionarios piden un aumento mensual de 270 euros, 150 en 2018, 60 en 2019 y 60 en 2020, aunque estas cifras, reconocen, son negociables. Además, destacan que en Galicia el complemento autonómico transitorio (CAT) se recortó durante cuatro años entre 2013 y 2016, lo que equivaldría a tres pagas extraordinarias o el 20% de su poder adquisitivo.
Mientras, surgen más voces que apelan al diálogo entre las partes, como ya hizo en el arranque de esta semana el Consello da Avogacía de Galicia. El Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense se sumó al llamamiento e instó a la Xunta a que "retome el diálogo para la consecución de una solución satisfactoria para ambos".
