Los juzgados gallegos cumplieron ayer una semana paralizados desde el arranque de la huelga indefinida el pasado miércoles. Los sindicatos calculan que los seis días de paro han obligado a suspender más de 2.000 juicios, además de tener los registros civiles sin actividad dejando casi 13.000 certificados sin tramitar. Los procesos judiciales que esta semana fueron suspendidos -el 90% de los señalados, según las organizaciones sindicales- no podrán celebrarse al menos hasta septiembre y, en función de la carga de trabajo de cada tribunal, incluso hasta el año que viene. También como mínimo hasta enero o febrero de 2019 no tendrán hueco los juicios sobre las demandas nuevas que ingresen estos días.

El desacuerdo entre los funcionarios de la Administración de Justicia -tramitadores, gestores y personal de auxilio- y la Xunta en cuanto al salario y a los descuentos de las bajas por incapacidades temporales parece más enquistado que nunca después del fracaso de la reunión del lunes. Para el comité de huelga es "ridícula" la nueva propuesta del Gobierno gallego en la que se plantea un incremento del complemento autonómico transitorio de 816 a 1.080 euros al año en función de la categoría. La Administración incrementó así su oferta frente al aumento inicial de 660 a 900 euros.

Los trabajadores, por su parte, están a la espera de que el Ejecutivo autonómico conteste a su contraoferta y reclaman un incremento de 225 euros al mes -45 menos que los 270 que pedían en un principio- a repartir en tres ejercicios, lo que supone 2.700 euros más al año con los que "equipararse al resto de las autonomías y recuperar el nivel previo a los recortes por la crisis".

Desde la Xunta insisten en que la base de la negociación será, sin embargo, la presentada el lunes por el Gobierno gallego. El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, señaló ayer que la demanda del comité es "inasumible" pero desea que "entren en razón". "Hasta donde llegamos es a la cifra ofertada y ahí nos vamos a quedar", aclaró el también conselleiro de Xustiza.

Rueda defendió que la Administración autonómica está abierta a hablar para reconducir el conflicto en cualquier momento porque "nunca se ha cerrado las puertas a hablar". En este sentido, no pone una fecha concreta porque será "siempre que los sindicatos quieran", aunque eso no significa que "se vaya a estar subiendo siempre la cuantía" insistiendo en que la contrapropuesta de los trabajadores es inviable. Las centrales sindicales se quejan de que no han recibido nueva citación para celebrar una nueva negociación, pero el conselleiro aclara que "esto no va de formalismos ni de quien llame a quien". "Si los sindicatos están esperando una llamada de la Xunta les recuerdo que es permanente para hablar de nuestra oferta, que ya conocen, e intentar llegar a acuerdo", destacó.

El conselleiro reconoce las molestias que la suspensión de juicios y trámites causan a la ciudadanía pero cree que la gente "entiende que no es una cuestión de capricho sino de responsabilidad en la gestión del dinero de todos" y por eso -añadió- "no se puede ir a límites insostenibles ". La huelga también tiene efectos en el bolsillo de los funcionarios que secundan el paro, que pierden entre 65 y 80 euros de sueldo al díaparo. Pero eso no impide que sigan con sus reivindicaciones y ayer el seguimiento se mantuvo en el 90%, según sus promotores. Las centrales destacan que entre las grandes ciudades destaca Vigo con un 95,5% del personal secundando la huelga, mientras que en Ourense supone el 90% y en Santiago se acerca a esa cifra con un 89%. En Lugo respaldaron la huelga el 81,7% de los funcionarios y en A Coruña el 81%. De Pontevedra no hay datos de ayer porque fue festivo. La Xunta rebaja el dato y señala que no acudieron a trabajar el 40,5% de los empleados.

A la espera de un nuevo encuentro entre las partes, los trabajadores sumarán hoy una nueva jornada de huelga y además celebrarán manifestaciones en las siete grandes ciudades por la mañana.