La devolución de la parte del salario que se recortó durante la crisis reduciendo la discriminación respecto a funcionarios del sector en otras autonomías, la creación de las plazas ocupadas con empleados públicos de refuerzo, la igualdad de sueldo para las sustituciones con el personal fijo y la equiparación de las bajas médicas por incapacidad temporal con el resto del personal judicial sin aplicar descuentos salariales. Son las cinco reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia que llevan en huelga indefinida desde hace diez días, un paro que ha provocado la suspensión de más de 2.000 juicios y de 13.000 trámites.

La Xunta ha convocado para el lunes al comité de huelga a una nueva reunión pero el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ya aclaró que él no asistirá al encuentro como reclaman los sindicatos porque irán los directores xerais de Xustiza y Función Pública, "los negociadores que, desde el principio, tienen toda la capacidad e llegar a un consenso". Pero sobre todo, avanzó que el lunes no se hará una nueva oferta económica.

Las dos partes llegan a esta nueva reunión con posturas "muy distanciadas" porque el Gobierno gallego insiste en que no elevará su propuesta -816 euros al año para el personal de auxilio y 1.080 para los gestores-, que el comité de huelga ve "ridícula". Y para el Ejecutivo autonómico es "inasumible" la contraoferta de las organizaciones sindicales, que proponen una subida de 225 euros al mes en el complemento autonómico transitorio, lo que supone 2.700 euros al año.

Rueda matizó que aunque no se moverá esa última oferta "si no es una huelga de contenido económico y si no solo importa esta parte y hay otros puntos -aclaró- se puede seguir negociando para llegar a un acuerdo". Desde el comité de huelga señalan, sin embargo, que durante toda la negociación los cinco temas de la reivindicación "se tratan en conjunto", por lo que la solución "también tiene que ser conjunta e incluir todas las reclamaciones". "Con que en un solo punto no se llegue a consenso, sea el aspecto económico o cualquier otro, seguirá la huelga", explican los sindicatos.

En cuanto a las retribuciones, la parte sindical reclama a la Xunta que devuelva a los trabajadores la posición que tenían antes de la recesión, lo que supone situarse en el mismo tramo que Asturias o Andalucía si se tiene en cuenta solo el complemento autonómico transitorio que perciben las doce comunidades con las competencias transferidas. En este caso, Galicia se sitúa en el último puesto con 435 euros para las tres categorías (gestores, tramitadores y auxilios).

Con la última propuesta del Gobierno gallego, el personal de auxilio seguiría cobrando un 5,3% menos que los funcionarios que realizan el mismo trabajo en Asturias. En cuanto a los gestores, la cifra aún estaría entre un 6% y un 9% por debajo de la autonomía asturiana. En este sentido, la Xunta debería incrementar entre un 33% y un 39% su última propuesta para equiparse a Asturias, es decir, entre 100 y 120 euros al mes que supondría pasar de la horquilla de 816 a 1.080 al año a otra de 1.140 a 1.440 euros.

Los funcionarios de la justicia asturiana estuvieron al borde también de la huelga indefinida en octubre del año pasado, pero lograron alcanzar antes un acuerdo con el Principado para subir el sueldo en 140 euros mensuales.