El nuevo grupo de presión sobre la financiación autonómica tomó ayer cuerpo en León tras la incorporación formal de Aragón a la alianza del noroeste que ya formaban Galicia, Asturias y Castilla y León. Los presidentes autonómicos de estas cuatro comunidades firmaron una declaración institucional en la que reclaman "de forma inmediata" al Gobierno central la definición del nuevo modelo, cuyo contenido deberá aprobarse por "consenso multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y conscientes de que el acuerdo ya es difícil de por sí y de que las convocatorias electorales autonómicas y municipales de 2019 acentuarían todavía más las tensiones políticas, los jefes de los ejecutivos autonómicos de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y Aragón, Javier Lambán, reclaman que el nuevo sistema de financiación autonómica se adopte ya este año.

"El calendario electoral de los próximos años podría añadir más incertidumbre a unos acuerdos ya de por sí complejos de alcanzar", se recoge con "preocupación" en la declaración, un texto que cobra además especial transcendencia porque lo firman dos comunidades del PP (Galicia y Castilla y León) y otras dos del PSOE (Asturias y Aragón). Y para enseñar músculo, recordaron ya de primeras que llevan la voz de 7,5 millones de habitantes y que representan el 36% del territorio español. "Más o menos la población de Cataluña", soltó Feijóo con toda la intención.

Los principios de esta alianza son claros. Quieren una financiación que sea igual para todos los españoles, que garanticen el mismo nivel de calidad de los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de cada territorio, que haya más recursos financieros, especialmente para atender el creciente gasto sanitario y la dependencia, y que, a la hora de calcular la aportación del Estado, se tenga en cuenta la dispersión poblacional y el envejecimiento. "No podrá haber, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", advierten los cuatro presidentes ante la posibilidad de que se aproveche el nuevo modelo para primar a determinadas comunidades o reajustar la deuda de los territorios con más números rojos.

Como órgano para encuadrar el debate y adoptar los acuerdos, la alianza de estas cuatro autonomías señalan al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están todos representados más el Estado, previniéndose así ante posibles pactos bilaterales, pero también reclaman la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, ya que es el "máximo órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas".

"Es urgente y prioritario un nuevo modelo de financiación que busque el imprescindible consenso multilateral", destacó Herrera, el encargado de desgranar el contenido de la declaración institucional.

De entrada, ninguna comunidad podrá obtener menos fondos que con el anterior ni empeorar su posición financiera, por lo que se exige "mayores recursos", calculando para ello el gasto real de los servicios y pactando un actualización de las cantidades de forma que evolucionen conforme lo haga la tributación total del Estado.

"Estas cuatro autonomías solo son superadas en población por Andalucía y nuestras propuestas no solo benefician a estos cuatro territorios, sino al conjunto de los españoles. Son acuerdos útiles porque están hechos desde la razón", indicó Feijóo.

Para dejar las cosas claras, los cuatro presidentes firmaron que la deuda de cada territorio nada tiene que ver con una mejor o peor financiación del actual sistema, por lo que las medidas que se adopten para aligerar la carga de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades autonómicas "deberán respetar una igualdad de trato". Tras esta declaración se esconde el rechazo a que el Ministerio de Hacienda conceda una quita de la deuda a determinadas autonomías o les dé un tratamiento privilegiado en el abono de los intereses.

"Una transferencia no es un regalo, ni un subsidio, es un derecho porque todos los ciudadanos pertenecen al mismo espacio público compartido que se llama España", terció Javier Fernández, en su defensa de un modelo que garantice la igualdad y la suficiencia en la prestación de lo servicios.

"Nuestras propuestas están inspiradas en un modelo de país que es difícilmente rebatible", terció Lambán.

Aunque Galicia no está especialmente afectada, las otras tres comunidades hicieron un frente común para defender la continuidad de las térmicas de carbón.