Deuda, déficit y techo de gasto. Los ayuntamientos cumplen un año más con los objetivos financieros que marca el Gobierno central pero sin embargo no les deja tocar sus ahorros. Ante el bloqueo impuesto por Hacienda a los millones de superávit de las administraciones locales depositados en los bancos, los alcaldes se han movilizado para que el ministro Cristóbal Montoro les permita reinvertir esos fondos y flexibilice los criterios de gasto, en la actualidad limitados a las llamadas "inversiones financieramente sostenibles" de las que quedan excluidas las políticas sociales. La queja vino ayer de la mano del presidente de la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp), Alfredo García, que cargó contra el Gobierno de Rajoy por utilizar a los ayuntamientos como sus "banqueros" y por no permitirles reinvertir su remanente, que -según los presupuestos liquidados de 2016, últimos datos disponibles de Hacienda- superan los 480 millones en los ayuntamientos gallegos.
El también alcalde de O Barco advirtió de que los ayuntamientos no pueden ser "los únicos poseedores del dinero" para "maquillar las cuentas que no es capaz de cumplir" el Ejecutivo central. García recordó que la Fegamp lleva "tiempo" ya reclamando que el remanente municipal que se ahorra "tiene que poder gastarse en las propias localidades".
En las últimas semanas, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusó a Hacienda de "premiar a las administraciones incumplidoras" y "castigar a las cumplidoras", por lo que urgió a Montoro a abordar antes de final de mes la reinversión del superávit y la flexibilización de los criterios. De lo contrario, tomarían "más medidas y más potentes". La cita, según confirmó ayer la FEMP, será finalmente el próximo lunes, la víspera de la cumbre de electos locales convocada por Caballero a la que está previsto que acudan más de 300 cargos.
Ante la convocatoria del ministro de Hacienda, el presidente del órgano de poder local gallego advirtió ayer de que la Fegamp "seguirá insistiendo en el derecho" de reinvertir el superávit y "va a movilizarse todo lo que sea necesario" para "conseguir que el Estado dé su brazo a torcer".
"No puede ser que los ayuntamientos sean la única administración del país que "cumple escrupulosamente con los objetivos financieros y de control de gasto [marcados por el Gobierno central] y que, después, ese remanente no pueda ser gastado en la prestación de los servicios que demandan los vecinos", sentenció García.
Y es que desde el año 2012 los ayuntamientos gastan menos de lo que ingresan. Pero no tienen libertad para reinvertirlo en los proyectos que cada equipo de gobierno local considere prioritarios. Alumbrado, distribución del agua, reparación de carreteras o parques. Son las obras que pueden acometer las administraciones locales con superávit, según impuso el Gobierno central para contener el gasto y mantener la senda de estabilidad. Pero los alcaldes reclaman que estos ahorros puedan destinarse a gasto social.
Hacienda además pone fecha de caducidad y de vida útil a los proyectos que pueden realizar los ayuntamientos con superávit. No pueden destinarse esos fondos a iniciativas con una vida útil inferior a los cinco años y las obras deben ser terminadas dentro del año.
