Los funcionarios Justicia salieron ayer a la calle para expresar su disconformidad con la Xunta en la pugna que mantienen por las condiciones laborales que han derivado en una huelga que se inició el pasado día 7. Si la participación podía utilizarse como termómetro para medir el respaldo que tiene el paro de carácter indefinido, pues entonces el mensaje es que los empleados públicos tienen la firme voluntad de resistir el pulso con la Administración autonómica, dado que aparte de los cánticos a favor de continuar la protesta, por las calles de Santiago había algo más de 2.000 personas de un total de 2.700 convocadas. Cierto que no todos eran trabajadores, pues hubo quien acudió con la familia.

Los empleados públicos ya consumieron 13 jornadas de paro que han provocado la suspensión de 6.500 juicios y la denegación de 20.000 trámites, y una reducción de más de 900 euros en sus nóminas este mes. Pero su intención es proseguir con la huelga y, de momento, las negociaciones están rotas. El Gobierno gallego mantiene una subida del complemento autonómico de entre 816 y 1.080 euros anuales en función de la categoría, mientras que los sindicatos exigen 2.700 euros más para todos y así poder equipararse a la media de los funcionarios del resto de comunidades con competencias en la materia.

Apoyados por los líderes de En Marea, Luís Villares, del PSdeG, Gonzalo Caballero; y del Bloque, Ana Pontón, y de Ciudadanos, Olga Louzao, los manifestantes iban vestidos mayoritariamente de negro como señal de luto por la "muerte" de la justicia gallega y con maletas para simular su emigración debido a la supuesta invitación a irse que les habría realizado el director xeral de Función Pública durante las negociaciones.

En la plaza de A Quintana, ya como cierre de la manifestación, los organizadores clamaron contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el vicepresidente, Alfonso Rueda, a los que pidieron su dimisión, acusándolos de "mentirosos" y "manipuladores". "¿Quién es usted, Feijóo, para hablar de justicia social cuando se sube su sueldo y el de los conselleiros un 7%?", denunciaron, en contraposición con el presupuesto de justicia congelado entre los años 2010 y 2016. "A usted no le admitimos lecciones de dignidad, empiece por decirle a Rueda que no mienta, porque engaña, manipula y miente", continuaron con sus reproches.

Tras reclamar "transparencia", exigieron la mediación del Consello de Relacións Laborais y que se cumpla la propuesta aprobada en el Parlamento en contra de la discriminación laboral de estos trabajadores. Las frases "tenemos el derecho, tenemos la razón, ningún paso atrás, por dignidad", fueron entonadas como cierre a una protesta que concentró en Santiago a los protagonistas de las movilizaciones que hasta ahora se venían produciendo en las ciudades.

Además de las reivindicaciones salariales, los empleados públicos de la Justicia quieren que no se les penalice en las nóminas por los días de baja por enfermedad -para equipararse con los fiscales, letrados y jueces-, que se cubran con plazas fijas los puestos vacantes o que los sustitutos cobren lo mismo que los titulares. A día de hoy no hay fecha para retomar las negociaciones.