El PP gallego parece haber dado con la solución a una doble demanda de los ayuntamientos: la reinversión de sus ahorros y la devolución del impuesto de plusvalías mal calculado. Desde hace meses, los alcaldes reclaman a Hacienda que les dé vía libre a la hora de gastar su superávit, es decir, que no se limite a lo marcado como "financieramente sostenible" por el Gobierno central y se permita reinvertir en políticas sociales, de empleo, educación o cultura. Y desde que el Tribunal Constitucional anuló el año pasado el tributo que grava las operaciones en suelo urbano, los regidores urgen al Estado que costee las devoluciones de un impuesto que, pese a ser gestionado por los ayuntamientos -en Galicia lo aplican 115 concellos-, su regulación es de carácter estatal.

Desde el PP gallego tienen su propia receta para abordar ambas demandas municipales. Y lo han hecho a través de una proposición no de ley en la que solicitan al Ejecutivo de Rajoy que los ayuntamientos empleen sus remanentes de tesorería para devolver el impuesto de plusvalía "indebidamente cobrado". Así lo explicó ayer el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, que colocó en el punto de mira a la propias administraciones locales por continuar con el cobro de la plusvalía y no informar a los contribuyentes de la pérdida de su derecho a reclamar por el transcurso de cuatro años de prescripción. Puy sentenció que en un momento en que "muchos ayuntamientos tienen superávit", parte de él procede de un impuesto que está "indebidamente recaudado en muchos casos".

Fuentes de la FEMP manifestaron ayer estar sorprendidos ante la propuesta promovida por el PP gallega ya que la ley acota la inversión del superávit municipal a inversiones financieramente sostenibles, tales como alumbrado, canalización de agua, reparación de carreteras o parques.

En la reunión del pasado mes de enero, la FEMP acordó avalar el método de cálculo y la actualización de coeficientes propuestos por Hacienda para la reforma de las plusvalías pero le exigieron un fondo de compensación por las ventas a pérdidas todavía no prescritas. Sin embargo, el departamento que dirige Cristóbal Montoro eludió aclarar si cargará sobre los ayuntamientos el coste de la devolución. En el caso de Galicia, según un portal especializado en reclamaciones - reclamador.es- los propietarios que pagaron la plusvalía pese a no lograr ganancia en la transacción podrán reclamar hasta 82,3 millones, a razón de unos 4.500 euros de media por cada una de las 18.300 transacciones con pérdidas registradas los últimos cuatro años no prescritos.