El vicepresidente de la Xunta y responsable autonómico de Xustiza, Alfonso Rueda, comunicará este miércoles al comité de huelga que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación para tratar de desatascar el conflicto que ha derivado en un paro indefinido de los funcionarios de la justicia desde el 7 de febrero. Pero pondrá una condición: que se suspenda la huelga.

Tras participar en el acto de presentación de la imagen institucional con motivo del 8 de marzo, el vicepresidente ha apelado a negociar "sin excusas" y ha avanzado su voluntad de sumarse a la mesa de diálogo, como los sindicatos piden desde hace semanas, siempre y cuando "los ciudadanos dejen de ser rehenes de ella huelga". A su juicio, "no es una condición" sino "una propuesta lógica".

Aunque no ha concretado cifras, preguntado acerca de si su presencia en la mesa negociadora -junto con el resto de componentes que la han integrado hasta ahora-- iría acompañado de una nueva oferta de subida salarial para el colectivo, no lo ha descartado y ha esgrimido que, si se retoman lasa negociaciones, se hará con el objetivo de llegar "a un acuerdo".

El comité de huelga, integrado por los siete sindicatos gallegos, critica la desaparición de 106 plazas de funcionarios desde 2013, la degradación del servicio, descuentos de hasta la mitad del sueldo en bajas por incapacidades transitorias a diferencia de otros funcionarios judiciales que no dependen del Gobierno gallego y pérdidas de 5.000 euros por trabajador con los recortes durante cuatro años, lo que supone tres pagas extras. Una de sus principales reivindicaciones es que Galicia vuelva a recuperar la posición que tenía antes de la crisis y que supondría un incremento salarial del 16% a través del complemento autonómico transitorio a los 2.600 funcionarios que dependen de la Administración autonómica -270 euros al mes-, una cuantía que desde la Xunta insisten que es "inasumible".

Al margen de la subida del complemento autonómico transitorio (CAT) y de la discriminación ante incapacidades transitorias, el Ejecutivo autonómico alega que el resto de diferencias han sido superadas. En cuanto a las bajas laborales, la Dirección Xeral de Xustiza se compromete a crear un grupo de trabajo específico en el que se tratará la ampliación de los supuestos excepcionales hasta ahora previstos.

Uno de los puntos en los que los sindicatos reconocieron en su día que existía acuerdo es en lograr que los trabajadores que sustituyan a compañeros en un puesto de superior categoría cobren el 100% de las retribuciones en el cargo en el que desempeñen sus funciones. Xustiza también defiende que se crearán 43 nuevas plazas -36 de consolidación y siete de psicólogos- en lugar de las que 106 que tenía previsto suprimir en 2013 en su plan de amortización. De todas formas, el comité de huelga denuncia que no se les ha aclarado para qué cargos ni dónde.