Las restricciones aplicadas por el Ministerio de Hacienda desde 2013 para contener el gasto público municipal provocaron que los concellos gallegos solo invirtiesen 52,9 millones de euros de los 324 de superávit entre 2014 y 2016, últimos ejercicios con datos económicos cerrados. Tan solo una sexta parte de sus ahorros. Un acuerdo entre el departamento que dirige Cristóbal Montoro y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) permitirá ampliar el abanico de conceptos en que las administraciones locales puedan reinvertir su superávit, hasta ahora muy limitados a alumbrado, transporte público o cuestiones medioambientales, siempre que no supongan un extra de gasto en personal, su vida útil supere los cinco años y, en caso de obras, se terminen en un año. Políticas sociales y de empleo o contratación de personal están vetadas.

Esa decisión, pactada entre el ministro de Hacienda y el presidente del órgano de poder local y alcalde de Vigo, Abel Caballero, debe ahora concretarse para especificar qué aspectos podrán ser ahora destinatarios del superávit local, que en los últimos seis años (a la espera de hacerse públicos los datos de 2017) superó los 480 millones en Galicia y los 8.100 a nivel estatal.

En 2013 entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en sintonía con la reforma constitucional para asegurar el pago de la deuda. Esa norma obligaba a los ayuntamientos con más ingresos que gastos a abonar facturas aplazadas y amortizar deuda. Si sobraban recursos, podían destinarlos a "financiar inversiones financieramente sostenibles que contribuyan al crecimiento económico a largo plazo de modo que no incurra en déficit".

El superávit local -diferencia entre gastos e ingresos- de 2014, 2015 y 2016 ascendió a 324 millones de euros en los ayuntamientos gallegos, que sumaron 60, 99 y 165 millones en cada uno de esos ejercicios. En las diputaciones, los ahorros durante ese periodo alcanzaron los 43, 4 y 72 millones, respectivamente.

Sin embargo, las inversiones locales en Galicia "financieramente sostenibles" apenas sumaron 147 millones en ese trienio: 25,9 en 2014, 82,8 en 2015 y 48,6 en 2016, según los datos de Hacienda. En el caso de los concellos, ascendieron a 9,9, 23,5 y 19,45 cada ejercicio, respectivamente, mientras que las diputaciones sumaron 104: 15,9 en 2014, 59,2 en 2015 y 29,2 en 2016. En este último ejercicio, acometieron estas inversiones 69 ayuntamientos gallegos y tres diputaciones. A nivel estatal, 1.167 entidades locales gastaron en estas partidas casi 718 millones.

Los campos en que ahora se puede reinvertir el superávit son "tráfico y estacionamiento, vías públicas parques y jardines, protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales y gestión del patrimonio", según consta en la ley. Hacienda, además, debe autorizar cualquier gasto, aunque se ciña a estos capítulos, que supere los 10 millones de euros.

A estas limitaciones se unen problemas temporales. Los alcaldes conocen si tienen superávit en abril y a partir de ahí deben licitar los proyectos de inversiones financieramente sostenibles, que deben ejecutarse ese año, por lo que algunas actuaciones se quedan en el cajón. El año pasado, la FEMP consiguió que Hacienda ampliase un ejercicio el plazo de ejecución debido a la aprobación de las cuentas estatales en el mes de junio. Los presupuestos de este año todavía no han recibido luz verde.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, declaró ayer que los ayuntamientos están sobrefinanciados en alrededor de 9.000 millones de euros y que ese exceso podría permitirles asumir competencias autonómicas, como la asistencia social o la dependencia. Se produciría así un "ajuste de competencias y de financiación".

Escrivá propuso esa vía durante su comparecencia en la Comisión Territorial del Congreso, según informa Europa Press, que estudia el sistema autonómico ante la posibilidad de abordar su reforma. Pidió incluir los municipios en la modificación de un sistema que caducó en el año 2014.

Además, considera más eficiente dedicar el superávit local a cuestiones como los citados servicios sociales que a obras, en alusión a la decisión de Hacienda de ampliar las partidas en que podrán gastar su remanente los entes locales. "¿Queremos que el superávit de los ayuntamientos se utilice en fuentes? A veces es la sensación que tengo. No creo que la prioridad de España sea mejorar la infraestructura local con inversiones", añadió.