Feijóo respalda la gestión de Rueda ante el conflicto de la justicia y advierte de que se ha "politizado"

Al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, preguntado acerca de si ve correcta la actuación de Rueda dado que el conflicto parece cada vez más enquistado, y si se plantea su cese, Feijóo ha dado una negativa contundente. "En ningún caso", ha sentenciado, antes de defender que "el vicepresidente está respondiendo a sus responsabilidades".

A renglón seguido, ha subrayado que, si bien "lo más fácil es comprar la resolución de los conflictos", su Gobierno no lo hará. Ha vuelto a reivindicar la oferta que la Xunta mantiene sobre la mesa, con una subida anual de entre 816 y 1.080 euros según el cuerpo de funcionarios al que se refiera, y ha añadido que el Ejecutivo no puede llegar "ni cerca, ni aproximado" al aumento "del 13%" que piden los sindicatos.

En concreto, el comité de huelga demandó una subida del complemento autonómico transitorio (CAT) de 225 euros más al mes lineales --para todos los cuerpos (auxilios, tramitadores y gestores)--, lo que la Xunta traduce "en unos 2.700 euros más al año" por trabajador y un incremento "del 13%" inasumible para las arcas públicas gallegas.

En este escenario, Feijóo ha manifestado que le gustaría que "cada trabajador conociese con exactitud" la propuesta de la Xunta, hecha con "dos objetivos": aumentar "de media" unos 1.000 euros al año el salario de los funcionarios del sector judicial gallego y que estos pasen a cobrar "más que la media" del conjunto de trabajadores de justicia en el conjunto de comunidades.

El cálculo de la Xunta es que su propuesta supondría un incremento del entorno del 4% por ciento sobre los emolumentos globales de los trabajadores de la justicia, lo que sumado a los incrementos que se negocian en Madrid para el conjunto de los empleados públicos, podría llegar a suponer un aumento por encima del 10 por ciento.

"Sacar rédito político"

En sus declaraciones, el presidente ha hecho "un llamamiento" a tener en cuenta esta cuestión, ha insistido en que ceder a las pretensiones de los sindicatos de justicia costaría, de aplicarse a todos los empleados públicos, "unos 600 millones", y ha asegurado "no entender el interés de los sindicatos en prolongar el conflicto". Como ejemplo, ha señalado que "algún sindicato ya tiene actos programados hasta el 8 de marzo".

Al tiempo, ha aludido a la oferta que hizo este miércoles Rueda, quien se ofreció a sentarse en la mesa de negociación si se suspendía el paro, y ha esgrimido que "los primeros que contestaron no fueron los sindicatos, sino los partidos" políticos.

"El conflicto se ha politizado y los partidos están ahora detrás de él", ha aseverado, antes de proclamar que "no se debe usar" un conflicto salarial de índole laboral para "sacar rédito político".

El vicepresidente "no negocia con sindicatos"

Feijóo, quien ha respaldado a Rueda, ha subrayado que no es habitual que el Gobierno o el vicepresidente negocie con sindicatos para solventar un conflicto --en la mesa estaban hasta ahora los directores xerais de Función Pública, José María Barreiro, y su homólogo de Xustiza, Juan José Martín-- y ha remarcado el carácter excepcional de la oferta que el titular autonómico de Xustiza lanzó en la pasada jornada.

Y en esta coyuntura, ha agregado que le sorprende "muchísimo" que, si de verdad los sindicatos tienen voluntad de solucionar el conflicto, no acepten "ni siquiera un periodo de tregua durante la negociación" --ha puntualizado que lo que se demanda es "una tregua" y no desconvocar la huelga, pese a que en el escrito enviado al comité figura este último término--.

"Hacer una tregua y volver a la actividad, que es lo que merecen los gallegos. Eso y no tener un millar de familiares que lamentablemente murieron y no se extiende acta de defunción", ha incidido, antes de subrayar que el Ejecutivo autonómico "seguirá gobernando".

Descuentos en menos del 40% de las nóminas

Sobre las discrepancias en las cifras de seguimiento de la huelga, el presidente de la Xunta ha subrayado que la Administración es muy consciente de cuántos trabajadores participan en los paros cada día porque les tienen que pagar las nóminas.

En este sentido, ha esgrimido que "cobraron la nómina por completo más del 60 por ciento de los trabajadores" frente a "un 37 o 38 por ciento" que sufrieron los descuentos y que son --ha recalcado-- "los que van a la huelga".

Preguntado acerca de por qué hay colapsos si el 60 por ciento de funcionarios no secundan el paro, el presidente ha respondido que hay "un 25 por ciento de servicios mínimos y el resto del personal no quiere ir a la huelga". "A veces se concentra (el efecto del paro) en los registros y hay cuellos de botella... Eso sin entrar en la eficacia del trabajo que se haga en los registros", ha zanjado.