El Ministerio de Hacienda ampliará los sectores en que los ayuntamientos podrán gastar su superávit, hasta ahora limitados a cuestiones básicas como alumbrado o vías públicas. Ese cambio, promovido por un acuerdo entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), está por concretarse, pero ya existe una voz en contra. "Si lo que se plantea es un segundo plan E antes de las municipales, es un error en el que no debemos caer. El plan E dio algunos votos y muchos dolores de cabeza algunos años", advirtió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El plan E fue un proyecto del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que, en dos fases a partir de 2008, inyectó 13.000 millones de euros en las administraciones destinados a obras públicas, lo que permitió elevar la contratación.

Hacienda y la FEMP acordaron esta misma semana las restricciones sobre las llamadas inversiones "financieramente sostenibles" a las que puede destinarse el superávit local, tras pagar a proveedores y amortizar deuda. Además de establecer cuestiones básicas como objeto de gasto, la legislación obliga a que no supongan contratación extra, se ejecuten en un año y su vida útil supere el lustro. Las políticas sociales o de empleo están vetadas.

Esas limitaciones causaron que los ayuntamientos gallegos solo invirtiesen una sexta parte de sus ahorros en los últimos tres años fiscalizados, a falta de los datos cerrados de 2017. En ese periodo, ingresaron 324 millones de euros más de los que gastaron -60 en 2014, 99 en 2015 y 165 en 2016-, pero las inversiones "financieramente sostenibles" rozaron los 53.

Feijóo pidió tiempo para conocer cómo se concreta el acuerdo, que se aplicará este año y el próximo, en el que están previstas elecciones municipales, pero censuró que los ayuntamientos no destinasen su superávit a apartados que ya permite la normativa. "Ya se sabía que se podía invertir en abastecimiento de agua. ¿Por qué no se hacen? Los vecinos merecen una respuesta", respondió a la prensa tras el Consello de la Xunta.

Feijóo se mostró "a favor de servicios públicos" como guarderías, pero rechazó desembolsos en "ornamento". "No estamos para gastar lo que no tenemos. Tenemos mucha deuda pública", sostuvo tras vincular su superávit con que los concellos "aprovecharon las posibilidades que les dio Hacienda para subir sus ingresos" mediante impuestos, al tiempo que descargaron competencias hacia las comunidades.

Un día después de anunciar un decreto ley para permitir a los ayuntamientos reinvertir su superávit -más de 5.000 millones en el conjunto del país en 2017-, Montoro avanzó que eliminará trabas al destino de ese remanente, aunque deberán ajustarse al concepto de "inversión financieramente sostenible". A la espera de la lista que le remita la FEMP con nuevos sectores en los que gastar su superávit -en la que incluirán infraestructuras educativas, culturales, deportivas, políticas sociales, seguridad ciudadana y protección civil o bienes muebles para equipar instalaciones municipales-, el ministro de Hacienda se refirió este martes a la posibilidad de incluir compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad y bienestar ciudadano.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña y Pontevedra copan el grueso del remanente de Tesorería, con 139,2 millones y 160,84 millones, respectivamente, según los últimos datos de liquidación de presupuestos municipales del año 2016. Les siguen a distancia los ahorros logrados en los concellos ourensanos (100,7 millones) y, finalmente los municipios lucenses (poco más de 81 millones).