En entornos periurbanos y, sobre todo, forestales se acumulan en cientos de puntos de Galicia electrodomésticos estropeados, restos de obras de construcción o neumáticos gastados. La administración asegura luchar contra la erradicación de esos vertederos ilegales, pero tras dos años de descenso de las denuncias por este tipo de basureros clandestinos, la cifra repuntó en 2017, a pesar de la caída de este tipo de descubrimientos. El año pasado, la Policía Autonómica localizó 1.460 "puntos de vertido de residuos incontrolados", 215 menos que en 2016, pero su gravedad provocó que las denuncias creciesen hasta las 1.199, 19 más que un año antes.

Las competencias para controlar los depósitos de basura en lugares ajenos al destinado para ello son municipales, aunque el Plan de Residuos Urbanos de la Xunta establece un programa específico de actuaciones en este terreno que permitió eliminar casi un millar de estos puntos de contaminación desde 2009 con un gasto de cinco millones.

En esa línea, el Ejecutivo autonómico pretende elevar las gravedad de las multas por estas práctica que dañan el medioambiente y pueden convertirse en un riesgo de incendios forestales. La Lei de Patrimonio Natural, que comenzó su tramitación en enero del año pasado sin que todavía haya recibido la luz verde a pesar de que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, establecerá como falta grave el "abandono o depósito de residuos fuera de los lugares destinados al efecto". Quien incurra en esa práctica se arriesgará a una sanción de entre 3.001 euros y 200.000. En la actualidad el máximo alcanza los 60.000.

La Policía Autonómica sitúa la mayor parte de estos vertederos en zonas forestales o rurales y la mayoría de ellos contienen "residuos mezclados", según la memoria del cuerpo relativa al año pasado. Sin embargo, el desglose de denuncias sitúa en cabeza los residuos domésticos y urbanos, que coparon 635 denuncias, seguidas de las 427 de los deshechos de la construcción. Los neumáticos gastados sumaron 36 casos y el resto se divide en categorías que el cuerpo no detalla.

Las 1.199 denuncias suponen la tercera cifra más alta de los últimos seis años, al frente de los cuales se sitúa 2014 con 2.166. Desde entonces, se inició un descenso en 2015 (1.305) y 2016 (1.180), roto el año pasado. Además, la Policía Autonómica denunció 1.222 casos de coches abandonados en el monte -15 más que en 2016-, que añaden al daño medioambiental que causan el riesgo de ser un foco de incendio. Desde el año 2003, esta infracción puede acarrear una multa que oscila entre los 900 y los 45.000 euros, incluso si el vehículo es abandonado en un espacio urbano.

La legislación estatal considera los coches en desuso residuos urbanos, por lo que son los concellos los competentes en imponer las sanciones. Sin embargo, la Policía Autonómica cursa denuncias al peinar los entornos forestales y detectar riesgo para la naturaleza y un posible foco de fuego