La huelga de los funcionarios de Xustiza que dependen de la Xunta entra en su cuarta semana a la espera de que las partes en conflicto -trabajadores y Gobierno gallego- retomen las negociaciones. Los sindicatos estarán hoy pendientes de la comparecencia del vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, en el Parlamento gallego antes de decidir qué medidas tomarán. Además de la diferencia de posturas sobre los honorarios del colectivo ahora surge otro punto de desacuerdo debido a la petición desde la Administración autonómica al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para aumentar los servicios mínimos.
La Xunta se dirigió por carta al Alto Tribunal para mostrarle su preocupación ante "determinadas actuaciones en las funciones del registro civil que se consideran urgentes y que deben realizarse" porque -señalan- "generan graves perjuicios a la ciudadanía". La denegación del certificado de nacimiento retrasa la concesión de la prestación por maternidad y que el bebé tenga pediatra adscrito y la del de defunción demora las tramitaciones de pensiones de viudedad o de herencias.
Desde el inicio de la huelga el pasado 7 de febrero no solo se suspenden una media de 500 juicios al día sino que los registros civiles están paralizados y solo conceden licencias de enterramiento o algunas de las gestiones anteriores si expira el plazo para concurrir a ayudas o se pierda el derecho. O en el caso de los nacimientos que termine el periodo máximo de un mes para realizar la inscripción.
Ante esa situación de forma implícita, la Xunta acusa a los trabajadores de no respetar los servicios mínimos en estos órganos. "No debieran ser los funcionarios los que cualificaran de esencial las actuaciones vinculadas a este servicio", añade la misiva, cuyo envío reveló ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Los sindicatos consideran que la ampliación de los servicios mínimos no va a ser posible porque los decretó precisamente la Xunta en base a jurisprudencias del Superior gallego y el Tribunal Supremo. "El dictamen es claro y recoge que no que se puede aplazar lo que esté sujeto a plazos o haga perder un derecho pero por retrasarlo no se pierde porque en el caso de las ayudas lo verán satisfecho más tarde con carácter retroactivo", destaca Manuel Díaz de UGT en alusión a los certificados de nacimiento y defunción.
El Gobierno gallego fijó en su día como servicio mínimos los juicios orales con preso o los procesos sometidos a un plazo máximo o cuya demora suponga una pérdida de derechos para los ciudadanos; medidas en materia de familia, violencia sobre la mujer o libertad provisional y asuntos relacionados con la violencia de género en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
El diálogo entre el comité de huelga y la Xunta sigue en punto muerto después de que ayer el también conselleiro de Xustiza reiterase la petición "lógica" de suspender el paro mientras se negocie y niega que se trate de un "chantaje" como califican las centrales sindicales. El comité de huelga, por su parte, está dispuesto a tomar la iniciativa para reconducir las conversaciones pero manteniendo la protesta y con la mediación del Consello de Relacións Laborais.
Los funcionarios continuaron ayer con sus reivindicaciones y terminaron la ronda con los alcaldes de las ciudades gallegas con un encuentro con el regidor de A Coruña, Xulio Ferreiro. El alcalde calificó de "razonables" las demandas de los trabajadores e instó a la Xunta a negociar, aunque aseguró que no ve que haya "voluntad de negociación". En el acto, el portavoz del comité de huelga en A Coruña, Javier Fernández, denunció el "cese" de funcionarios interinos de refuerzo "sin justificación" y vinculó la situación con el seguimiento del paro. Destacó que afectan a juzgados con "sobrecarga" -en especial los del Mercantil- con una media de 30 escritos al día por trabajador.
