Al cumplirse un mes de paro en la justicia, con alrededor de 10.000 juicios aplazados, miles de certificados de defunción y nacimiento pendientes de expedirse para obtener, por ejemplo, pensiones de viudedad o la asignación de pediatra para recién nacidos y centenares de trabajadores con recortes en sus nóminas, Xunta y sindicatos fijarán hoy una cita para sentarse a negociar de nuevo el fin del paro.

La Xunta ha dado dos opciones esta mañana al comité de huelga para su encuentro: mañana a las 14.00 horas o el viernes a las 12.00. La oferta tiene en cuenta, según fuentes del Ejecutivo, la huelga feminista convocada mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El incremento salarial es el principal escollo en un conflicto agravado por su duración, hasta el punto de que la Xunta pidió el lunes al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que garantizase trámites "esenciales" en los registros civiles. El Ejecutivo se había plantado en una oferta de entre 816 y 1.080 euros anuales a aplicar entre 2019 y 2020, lejos de los 2.700 exigidos por los trabajadores para equipararse a las comunidades con competencias transferidas.

Sin embargo, el vicepresidente Alfonso Rueda abrió ayer la puerta a subir su propuesta. "No vamos a no hablar o ser inamovibles en ninguna oferta, por supuesto tampoco en la económica", anunció, si bien reiteró que no llegarán a la demanda sindical. "Si los sindicatos se mantienen en casi los 3.000 euros al año, oiga, ni con Rueda ni sin Rueda, no podremos llegar a un acuerdo", expuso en la Cámara.

Sobre la mesa, el resto de reclamaciones sindicales para un colectivo que ronda los 2.700 empleados -aunque también se sumaron los forenses a la huelga-, vinculadas a la cobertura de vacantes o la cancelación de descuentos por bajas laborales, que no se aplican a jueces y fiscales.

El comité de huelga aceptó la invitación de Rueda y "acudirá [a la cita] con voluntad de negociación y diálogo como hasta ahora" una vez concreten hoy la fecha. Negociarán, aunque mantienen la huelga y las protestas previstas para este mes. Rechazó que la delegación de la Xunta "esté encabezada por el director xeral de Función Pública", José María Barreiro.

Rueda confió en que los "todos los sindicatos" muestren la "misma receptividad" porque "la mayoría desea una solución" durante una comparecencia en que la posición le afeó la incapacidad de la Xunta para sellar un pacto. Rueda respondió acusando a En Marea, PSdeG y BNG de "politizar" la huelga.

La viceportavoz de En Marea, Carmen Santos, acusó a la Xunta de estar interesada en mantener el conflicto y criticó que no acepte la subida salarial que piden los empleados tras incrementarse el sueldo del Ejecutivo un 7% este año, en alusión a la recuperación de parte de la paga suprimida en 2013, aplicada a toda la plantilla pública. Censuró su "arte de negociar". "Hago una propuesta, si no la aceptáis es que no queréis negociar", la resumió tras referirse al presidente de la Xunta como "Don Vito Feijóo", lo que le valió una llamada al orden del presidente de la Cámara.

La socialista Patricia Vilán exigió a Rueda afrontar "con humildad" la negociación, doblando su oferta. "Esto se resuelve con política", añadió. Luís Bará (BNG) tachó de "bombero pirómano" al vicepresidente por avivar el conflicto.

Por su parte, el diputado popular Alberto Pazos replicó a la oposición acusándola de "utilizar a los trabajadores y ciudadanos con fines espurios".Retraso en el caso del Alvia

La huelga provocó que se suspendiesen las dos declaraciones previstas hoy en la causa sobre el accidente el Alvia en Angrois en 2013, en el que murieron 80 personas y resultaron heridas 144.

Esta mañana estaban citados el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste del Adif, Fernando Rebón, en calidad de investigado, y un técnico de Siemes y Thales, suministradora del sistema de control, mando y señalización de la línea, como testigo. No hay fecha para su comparecencia, informó Europa Press, en una investigación en la que están fijadas más declaraciones los días 13 y 19.