La huelga de los trabajadores de la Justicia dependientes de la Xunta -unos 2.700- ha provocado la suspensión de 12.000 juicios y otros miles de trámites legales al superarse el mes de paro. Ejecutivo y sindicatos se reunirán mañana para intentar acercar posturas y desbloquear la situación, con la novedad por parte del primero, que abrió la puerta a mejorar su última oferta de mejora salarial, que oscila entre 816 y 1.080 euros anuales en función de la categoría, aunque descartando los 2.700 demandados por los empleados para equipararse, dicen, a sus homólogos de las comunidades con competencias transferidas.

La Xunta ofreció al comité de huelga dos opciones para retomar el diálogo -hoy y mañana-, teniendo en cuenta la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el paro convocado a nivel internacional en contra de su discriminación. El comité, compuesto por SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CCOO, eligió mañana para no coincidir con el 8-M. "El jueves debe ser para la huelga de mujeres. Los trabajadores de la Justicia no podemos sacar protagonismo a las movilizaciones de las mujeres", expusieron fuentes sindicales.

A la mesa de negociación no se sentará el vicepresidente Alfonso Rueda, como exigía el comité de huelga. El conselleiro de Xustiza condicionó su presencia a que se suspendiese el paro, extremo rechazado por los trabajadores. Por parte del Ejecutivo repetirán los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y Función Pública, José María Barreiro, rechazado por los sindicatos. Acudirán los subdirectores de ambos departamentos. La novedad en ese bando la protagonizará la presencia de la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña.

Tras cumplirse ayer un mes de huelga, Xunta y sindicatos chocaron en el balance del seguimiento. La primera lo situó en el 37,04%, con 1.005 trabajadores de paro en un colectivo de 2.700, computando en sus cálculos 158 empleados con ausencias justificadas y 775 de servicios mínimos. Por provincias, cifra el respaldo en el 34,8% en A Coruña, el 27,6% en Lugo, el 42% en Ourense y el 41,3% en Pontevedra.

Por otra parte, los psicólogos que refuerzan las oficinas de asistencia a las víctimas en juzgados gallegos "están trabajando desde el 1 de marzo", según Rueda. En respuesta a una pregunta de la diputada del PSdeG Patricia Vilán planteó que este servicio se implantó y funciona "con un esfuerzo importante de la Xunta", y comentó que si desde enero "dejó de funcionar bajo esa modalidad" de convenio con el colegio de psicólogos fue "por decisión" de esa institución.