La crisis del ladrillo abrió una guerra de ofertas por la codiciada obra pública. Son cada vez más las empresas que concurren a contratos menores y por unos precios que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria ni se lo planteaban. La radiografía del sector de la construcción en Galicia muestra una carrera que suma cada vez más competidores por hacerse con un bocado del escaso pastel inversor. En solo cinco años, el número de adjudicatarias y de concursos en la comunidad se triplicó -de 549 constructoras en 2013 se pasó a más de 1.400 el año pasado y de 1.647 proyectos adjudicados entonces se llegó a más de 5.000 en 2017- mientras que la inversión cayó durante ese periodo un 25% -de casi 509 millones de euros a 377,65-, según el balance publicado ayer por la Federación Gallega de la Construcción.

Se cierra así 2017 como el ejercicio con más adjudicatarias y obras aprobadas en la comunidad, pero con el importe de los proyectos más bajo. Detrás de este gran volumen de empresas y de adjudicaciones está la ausencia de obras de envergadura económica, que son las que proceden de contratos del Estado, como el AVE, y también el abultado número de pequeños contratos que -apuntan desde el sector- suelen adjudicarse finalmente a compañías locales sobre todo a través del contrato de obra menor.

El cada vez mayor tijeretazo a la inversión en obra pública llevó a las grandes empresas a presentarse a proyectos de coste muy inferior a los que concurrían en época de bonanza. Si en pleno boom del ladrillo, las grandes constructoras solo se movían por obras que superaban el millón de euros durante los últimos años se presentaron a obras menores, que no superaban ni los 300.000 euros.

Ofertas a la baja

Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria comenzaron a hacerse ofertas a la baja para hacerse con los proyectos sacados a concurso, en algunos casos de hasta el 40%. Ya a finales de 2016 empezaron a registrarse propuestas "inasumibles", claramente por debajo de costes, según advertían a este periódico desde el sector de la construcción en la comunidad. Hasta entonces, ni las rebajas habían sido tan exageradas ni tan habituales. Los datos del año pasado revelan que todavía se producen ofertas a la baja para intentar ganar el concurso de turno: una media del 20,41%. En los contratos de las Universidades y del Estado se registra la mayor brecha entre la oferta de base y la de adjudicación (25,4% y 25,21%, respectivamente), seguidas de la rebaja en proyectos de las diputaciones (23,11%) y finalmente en las obras de los concellos (19,12%) y de la Xunta (18,18%).

Por tercer año consecutivo, las adjudicaciones de obra pública en Galicia vuelven a caer. Tras un 2014 con un repunte de las inversiones de casi el 54% -entonces se adjudicaron proyectos por más de 782,7 millones de euros-, desde 2015 se encadenan bajadas, que culminaron el año pasado con contratos por un importe de 377,6 millones de euros, un 46% menos que el ejercicio anterior y casi un 25% menos de la inversión alcanzada hace cinco años.

Detrás del desplome en las adjudicaciones durante 2017 está la caída inversora del Estado, con casi un 87% menos que en 2016 -42,4 millones frente a los más de 323,5 millones del ejercicio anterior-. En el caso de la Xunta, el descenso es de más de un 20% -con contratos por casi 140,3 millones- y en los concellos, la disminución roza el 14% -casi 126,4 millones adjudicados-. Las diputaciones son la excepción, con un incremento de los contratos adjudicados de casi el 6% -21,6 millones-.

Por provincias, A Coruña y Pontevedra concentran el mayor volumen de adjudicaciones, con 150,2 millones y 134,5 respectivamente, aunque con un desplome en las partidas del 57% en el primer caso y del -9%, en el segundo. Las partidas aprobadas en Lugo y Ourense son muy inferiores, 53,36 y 39,54 millones, respectivamente, y que suponen unos descensos del 60% y 46%.

Al cierre del ejercicio, quedaban por adjudicar el 6,4% de las obras (137 proyectos por un importe total de 32,4 millones).