La Mesa del Congreso, con el voto de los diputados del PP y de Ciudadanos, bloqueó ayer de nuevo la tramitación de una ley impulsada por el grupo confederal en el que se integra En Marea para el debate del traspaso de la AP-9 a Galicia, una petición en la que hay unanimidad en el arco parlamentario gallego. No solo ha vetado esta propuesta, sino que tampoco aceptó otras tres leyes promovidas por la oposición, con lo que la cifra de iniciativas vetadas este legislatura alcanza ya las 55.
Según Miguel Anxo Fernán Vello, portavoz de En Marea, se trata de "vetos políticos" con los que "el Ejecutivo prohíbe el debate al Legislativo", lo que a su juicio revela que el de Mariano Rajoy es "un gobierno absolutista que se sabe en minoría". Y llamó la atención sobre el veto al traspaso a Galicia de la AP-9, que había sido apoyado por todos los grupos en O Hórreo. A su juicio, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, demuestra comportarse "como una marioneta y un ventrílocuo de lo que dicta Madrid".
En el escrito de rechazo remitido por el Gobierno al Congreso, se recoge que si la Administración autonómica decidiese rescatar la autopista, supondría un desembolso de al menos 4.300 millones correspondiente al peaje que dejaría de percibir hasta 2048 la concesionaria. Sin embargo, el Ejecutivo va más allá al cifrar que podría ascender a 8.870 millones de euros.
Para la portavoz socialista, Margarita Robles, los vetos del Gobierno son "preocupantes" porque ponen de manifiesto su "insensibilidad"con aquellas personas que lo pasan peor.
Por su parte, la portavoz de Podemos, Irene Montero, se dirigió directamente a Ciudadanos para pedir al partido de Albert Rivera que "abandone esa política de vetos que sostiene al PP e impide que se debatan cuestiones fundamentales en la sede de la soberanía popular".
El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, reiteró que su partido no veta "nada" sino que "quien veta es el Gobierno", y que el Congreso respalda esta decisión "si no hay una decisión arbitraria o irracional", ya que reconocen y respetan la prerrogativa constitucional.
