La huelga indefinida en la Justicia gallega cumplió ayer su trigésimo sexta jornada sin ningún acercamiento entre las partes, pese a que en la última reunión, el pasado viernes, acordaron retomar las negociaciones esta semana.
Las jornadas de paros -ayer los sindicatos mantuvieron el seguimiento en torno al 80% y la Xunta lo redujo al 35%- sigue dejando cifras que agravan el colapso en el que ya estaban sumidos los juzgados. Los sindicatos afirman que ya se han suspendido más de 15.000 juicios. Y algunos de ellos se están fijando para 2021. También aseguran que se han suspendido desde el 7 de febrero más de 40.000 trámites como las partidas de nacimiento, fes de vida, certificados de defunción o declaraciones de acusados o testigos.
Los juicios por las cláusulas suelo, al no entrar en los servicios mínimos, también se aplazan, al igual que los casos de los ERE de las empresas, lo que provoca que los trabajadores no puedan cobrar sus salarios.
Otro ejemplo es el pago de las pensiones a los fallecidos. Los funcionarios de Justicia en huelga no están enviando los certificados de defunción a la Seguridad Social para que los den de baja en el sistema de pensiones. Los sindicatos calculan que en estos momentos hay más de 2.000 familias en esta situación. Por una parte, están recibiendo la pensión de su familiar que ha muerto -que luego deberán devolver-, y por otra no pueden tramitar las pensiones de viudedad o de orfandad. Según los cálculos de los trabajadores, la Seguridad Social ya ha abonado más de 2 millones por este concepto, que luego tendrá reclamar, con lo que la saturación de la Administración volverá a agravarse.
Tras cinco semanas de paros, tres de las cuatro reivindicaciones de los trabajadores ya están encauzadas. Una de ellas son las bajas médicas, que les penalizaban un 50% del sueldo en los tres primeros días de ausencia. A partir del cuarto y hasta el vigésimo el recorte era del 25%. Tienen el compromiso de la Xunta de que no tendrán penalizaciones.
Otra petición es que se les pague el mismo salario que los titulares cuando realizan las sustituciones. La Administración gallega también la aceptó, al igual que convertir las plazas de refuerzo que llevan tres años con contratos temporales en indefinidos.
Pero el conflicto sigue enquistado en el apartado económico. En el arranque de la huelga la petición de los trabajadores era de un incremento mensual para los tramitadores, gestores y auxilios de 270 euros y que esa subida ya fuese efectiva en 2018. La primera contraoferta de la Xunta fue de 55, 62 y 75 euros, respectivamente para cada uno de los tres cuerpos. El incremento se produciría en 2020 y 2021.
Entre 105 y 190 euros
El 12 de febrero ambas partes volvieron a mover sus posturas. Los representantes de los trabajadores rebajaron sus peticiones hasta los 225 euros al mes (45 menos que su postura inicial). La Administración gallega, que dijo que ya no subiría más su propuesta, elevó la suya hasta los 68, 76 y 90 euros.
El pasado viernes, tras una maratoniana reunión de nueve horas, las posturas volvieron a acercarse, pero no lo suficiente. La Xunta realizó ese día dos ofertas: la primera aumentó la cifra hasta 93, 97 y 118 euros mensuales, y la segunda, y última, hasta los 105 para los tres cuerpos. Por su parte, los sindicatos rebajaron la suya hasta los 190. Así que en estos momentos hay una diferencia de 85 euros al mes por trabajador.
La Xunta ha defendido que, así, en 2020, los funcionarios cobrarían 1.260 euros más al año y quedarían "por encima" del promedio nacional. Los sindicatos, por su parte, aseguran que de esta forma no se situarían en la posición en la que estaban antes de que comenzase la crisis.
Pero ¿cuánto dinero supone la oferta de la Xunta y la petición de los sindicatos durante un ejercicio? En estos momentos, Xustiza abona por el complemento autonómico unos 14,4 millones. La cifra sale de multiplicar los 5.340 euros que recibe al año ahora cada funcionario por los 2.700 trabajadores que componen la plantilla.
La oferta de Ejecutivo gallego supone elevar esta partida hasta los 17,8 millones por ejercicio, 3,4 más que los actuales (un 20% más). Por su parte, la reclamación de los funcionarios aumenta la cantidad hasta los 20,5, 6,1 más que los que cobran ahora (un 42% más). Por lo tanto, la diferencia que existe en estos momentos entre ambas partes es de casi 2,7 millones.
Los sindicatos critican que la Xunta en estas cinco semanas de huelga les han retenido a los trabajadores que han realizado los paros alrededor de 3,5 millones "por lo que ya tienen dinero para abonar la diferencia".
