El Plan de Vivienda que acaba de aprobar el Ministerio de Fomento incrementará en un 60% los fondos destinados a Galicia hasta los 82 millones. Así se lo trasladó el departamento de Íñigo de la Serna a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda que tuvo lugar ayer en Madrid. La Xunta deberá aportar un 30% de esta financiación.
Este plan se aprueba con retraso, puesto que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de este año, después de haberse prorrogado ya un año durante 2017 para disponer precisamente de tiempo suficiente para elaborar un nuevo borrador.
Esto ha provocado que alrededor de unos 1.500 gallegos que venían disfrutando de subvenciones para costear el alquiler en los dos últimos años lleven tres meses sin poder solicitar las nuevas ayudas.
La conselleira de Infraestruturas avanzó ayer que el Gobierno gallego trabaja ya para poner en marcha las ayudas y conseguir que "estén operativas lo antes posible". Antes, sin embargo, las comunidades deberán firmar los convenios bilaterales con el Ministerio de Fomento y después deben sacar la orden de ayudas.
Estas subvenciones estaban dirigidas a hogares cuyos ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem (por debajo de los 1.661 euros mensuales) y en el nuevo plan se mantiene este criterio. Se les costeará hasta el 40% del alquiler, unos 240 euros como máximo.
La principal novedad del Plan de Vivienda que se acaba de aprobar es que hay ayudas específicas para jóvenes (menos de 35 años) y mayores de 65 años, que supondrán una aportación de hasta el 50% de la renta con un máximo de hasta 300 euros mensuales. Sin embargo, su impacto será menor que el anunciado en un principio. Aunque en teoría podrán optar a esta subvención todos los hogares que no superen tres veces el Iprem (22.558 euros anuales), tendrán prioridad los jóvenes que vivan solos cuyos ingresos no superen los 11.182 euros al año, las parejas que no lleguen a los 15.039 y así sucesivamente, de manera que solo si queda remanente podrán acceder a la ayuda los que tengan más ingresos.
Y lo mismo ocurre con las subvenciones para la compra de vivienda. Las ayudas para adquirir un piso se concederán solo en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y el precio del inmueble no podrá superar los 100.000 euros. De estos, se financiará como máximo el 20% (con el límite de 10.800 euros). Además, los beneficiarios deberán tener unos ingresos anuales inferiores a 22.558,77 euros.
El Ministerio de Fomento no ha atendido además la demanda formulada por la Xunta y por el Parlamento de Galicia para que definiese lo que es una vivienda vacía, una regulación necesaria para que los concellos puedan penalizar con un incremento del IBI a los inmuebles que no estén ocupados.
