Los funcionarios judiciales que se habían encerrado en el Registro Civil de Vigo abandonaron el encierro ante la presencia policial. Fueron dos los policías que entraron en el Registro Civil para hablar con los funcionarios. "Nos avisaron de que si no abandonábamos nosotros lo harían ellos por la fuerza, que incurriríamos en un delito", señalan varios trabajadores. Fuera, en el hall del edificio judicial, había otros cuatro o cinco agentes del grupo UPR, con cascos en las manos. "Contra la prepotencia resistencia", gritaron varios huelguistas mientras salían. La Policía Nacional acudió a los juzgados por orden del juez decano.

Los encierros se repetirán, según informaron, en las sietes principales ciudades gallegas. En el caso de Vigo eligieron el Registro Civil ya que es uno de los "claros ejemplos" del éxito de la huelga, ya que desde el inicio solo hacen servicios mínimos: licencias de enterramiento y asuntos urgentes en los que acaben los plazos. "Con esto demostramos a la Xunta la fortaleza del movimiento de los trabajadores; no nos vamos a doblegar", afirmó Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza. Los funcionarios tomaron el Registro Civil tras acabar la asamblea. La atención al ciudadano continúa pese al encierro, pero solo tramitan los servicios mínimos.

Continúan unidos y adelante con sus movilizaciones cuando ya se rebasaron los 40 días de huelga y tras romperse de nuevo las negociaciones entre Xunta y sindicatos. Los trabajadores se han reunido esta mañana en una multitudinaria asamblea en la que corearon lemas como "ni un paso atrás" y "queremos negociar".

Los representantes sindicales informaron sobre el desarrollo de la reunión de ayer en Santiago de Compostela, en la que, pese al acuerdo en algunos de los cinco puntos que motivan este conflicto, no se logró salvar el que es el principal escollo: el de la subida salarial a través del complemento autonómico transitorio (CAT).complemento autonómico transitorio (CAT) Los funcionarios reclaman una subida lineal de 190 euros mensuales y el Gobierno autonómico ofrece entre 105 y 133 euros, en función del cuerpo al que pertenezcan los funcionarios.