Pokemon, Pikachu, Campeón, Carioca, Patos... Los casos de corrupción destapados en Galicia salpicaron a alcaldes, concejales, funcionarios y empresarios. En los últimos cinco años llegaron a los juzgados gallegos más de mil delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias o cohecho, de los que más de un centenar fueron llevados a juicio. Durante el año pasado, la corrupción sentó en el banquillo de los tribunales gallegos a un total de 19 procesados, lo que supone un 35% más que los imputados o llevados a juicio oral por este tipo de ilícitos penales el ejercicio anterior (un total de 14).

En el caso de Galicia la tendencia fue a la inversa que la experimentada en el conjunto del país, donde el número de acusados por corrupción, con el erario público como víctima, cayó más de un 30%, al pasar de 659 procesados en 2016 a 411 presuntos corruptos el año pasado. En total en 2017 fueron 97 las causas abiertas, dos de ellas en la comunidad gallega. Sin embargo, a lo largo de 2017 no hubo ninguna sentencia condenatoria por corrupción en la comunidad gallega.

El balance hecho público ayer por el Consejo General del Poder Judicial sitúan a Andalucía a la cabeza del ranking nacional de causas y acusados por corrupción, con 144 personas procesadas repartidas en 22 causas, duplicando el número de otras comunidades como Canarias o Cataluña (11 procesos en cada caso) con casos como los ERE y también Invercaria con un gran número de encausados. Galicia se convierte en la séptima comunidad con más procesados por delitos de corrupción, por detrás Andalucía (144), Canarias (48), Cataluña (41), Baleares (40) y Castilla y León (33).

En el extremo opuesto del mapa de la corrupción en España están La Rioja y Navarra, los dos únicos territorios que no contabilizaron ni un solo encausado por este tipo de delitos. Con dos procesados, están Murcia y Aragón, seguidos de Castilla-La Mancha y País Vasco, con tres. El grueso de los presuntos corruptos llevados a juicio en España se concentró en el segundo trimestre, con un total de 118 (el 29% del total). En Galicia fue entre julio y septiembre, con 14 encausados (más del 70% de todos los procesados por estos hechos en la comunidad. Las otras cinco acusaciones en la comunidad por delitos de corrupción se produjeron en el segundo trimestre.

El CGPJ revela que la mayoría de las sentencias dictadas en primera instancia en casos de corrupción terminaron en condena: el 73,8% de las 126 sentencias dictadas en toda España.

En el último trimestre de 2017 fueron notificadas 26 sentencias, de las cuales 18 resultaron condenatorias. Solo ocho de ellas fueron dictadas tras alcanzar una conformidad entre las partes.

Las estadísticas publicadas ayer por el Poder Judicial corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.