La huelga en la Justicia gallega continuará y los sindicatos anuncian nuevas medidas de presión tras otra maratoniana reunión con la Xunta que se saldó sin acuerdo y con diferencias insalvables en la cuestión económica, pero también en otros aspectos.
El Ejecutivo realizó la séptima mejora de incremento salarial al comité de huelga de los 2.700 empleados de Justicia que dependen de ella, que, a diferencia de la anterior, sí distingue entre categorías laborales.
Ofreció 135 euros más al mes a los forenses, 133 a los gestores, 108 a los tramitadores y 105 a los auxilios, tras poner sobre la mesa 105 para todos ellos el pasado día 9. El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, aseguró que la Xunta se planta en esas cifras y que no llamará a los trabajadores. El comité de huelga rechazó la propuesta, la tachó de "chantaje" y analizará cómo responde.
Seis horas de reunión evidenciaron que el conflicto que ha paralizado la Justicia gallega carece de fecha de finalización y mañana cumplirá su sexta semana. "Los tendremos que hacer meditar", anunció tras la reunión Manuel Tejada, presidente del comité de huelga, en el que están representados los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO.
La subida económica resulta la clave del choque entre las partes, pero no es la única. Tras rechazar las demandas de los trabajadores, señalando incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no podía mejorar sus propuestas, el Ejecutivo elevó ayer de nuevo su oferta tras los 105 euros lineales del día 9. A la propuesta de entre 135 y 105 euros realizada ayer, se unió una cláusula para garantizar que los trabajadores de Justicia se situasen "como mínimo" en la media autonómica, en sintonía con el mandato unánime del Parlamento de Galicia, si otras comunidades mejoran su situación.
El incremento, con cargo al complemento autonómico, se alcanzaría en 2020 -aunque no se concretó cómo se distribuiría- y se sumaría al incremento pactado a nivel estatal. En conjunto, la Xunta situó el aumento en un 14%. "A mi entender están cerrados los otros cuatro puntos y todo encalló en el tema de las cuestiones económicas", expuso Martín, que añadió que "siguen enrocados en pedirnos 190 euros lineales para cada uno de los diferentes cuerpos". "Obviamente no hubo acuerdo, llegamos a una oferta final y no va a haber más llamadas", zanjó.
En 2020 los gestores lograrían 579 euros de complemento (sexta autonomía); los tramitadores, 554 (quinta); y los auxilios, 550 (quinta). Estos tres cuerpos fueron los que iniciaron el paro indefinido el pasado día 7 de febrero. Posteriormente, se unieron los médicos forenses.
El presidente del comité de huelga, Manuel Tejada, fue contundente en el rechazo a la oferta de la Xunta, que consideró "no aceptable tras diez días de reunión", pues no mejora las condiciones de los auxilios y apenas en tres euros la de los tramitadores. "Vamos a esperar a que recapaciten y que vengan sin chantaje. Esperemos que mediten y nos llamen", expuso a la prensa en alusión a que la Xunta no desarrolló su propuesta a no ser que fuese aceptada.
El Ejecutivo, sin embargo, dejó claro que no será quien descuelgue el teléfono. "¿Y si no meditan?", preguntó un periodista usando los términos de Tejada. "Los tendremos que hacer meditar", acotó. Los sindicatos deciden ahora "nuevas medidas de presión".
A diferencia de lo que expuso Martín, acompañado en la reunión por su homólogo de Función Pública, José Manuel Barreiro, y la secretaria xeral técnica de la Consellería de Vicepresidencia, Beatriz Cuiña, el representante sindical descartó un acuerdo sobre otro punto.
En el tema de los descuentos por bajas laborales, se aplicará el acuerdo a nivel estatal que equipararía al personal de Justicia con jueces, letrados y fiscales, apuntó Martín. También estaría pactada la creación de 36 plazas de refuerzo, pero sindicatos y Xunta mantienen un desencuentro sobre la recuperación de las plazas amortizadas en 2012, que los primeros cifran en 106 y los segundos, en 10.
La Xunta se comprometió a cubrir la diferencia salarial de un trabajador que sustituía a un compañero de categoría superior y recibiría el equivalente a este último puesto, siempre que logre luz verde legal. Todos estos puntos, sin embargo, forman parte de un acuerdo general que, de momento, parece lejano.
