El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó ayer la actitud de los sindicatos de Justicia en la huelga indefinida que hoy cumple 50 días y les instó a que planteasen en una votación si los trabajadores aceptan la última oferta hecha por la Administración gallega. "No es muy entendible por qué la propuesta de la Xunta no es la que se somete a los trabajadores", advierte el número dos del Gobierno gallego.

Rueda también hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los sindicatos, a quienes recordó que "ya fueron contestados por los propios trabajadores cuando fueron consultados, diciéndoles que la postura que estaban manteniendo no es la correcta".

Las negociaciones entre ambas partes se rompieron el lunes tras una reunión en la que la Xunta mantuvo su oferta de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio. Por su parte, los sindicatos rebajaron en 10 euros la suya y pasaron a reclamar de 190 a 180 euros. Pidieron además que la subida se haga efectiva en dos anualidades: en 2018 el 70% (126 euros) y en 2019 el 30% (54 euros).

Una vez escuchadas las palabras de Rueda, los sindicatos rechazaron la oferta de que los trabajadores realicen la votación y avanzaron que, si no hay acuerdo, Santiago albergará el sábado 7 de abril, fecha en la que se cumplen dos meses del inicio de la huelga, "otra gran manifestación".

"No se plantea el tipo de consulta que pide Rueda. Se irá a una votación en asamblea cuando la Xunta presente una nueva oferta seria y no los tres o cinco euros de subida que ha presentado en la última", zanjaron fuentes del comité de huelga.

Sobre la interpretación del Ejecutivo gallego de que la última votación de los trabajadores desautorizaba la negociación que estaban realizando los sindicatos, las mismas fuentes apuntaron que "más de 2.000 trabajadores han presentado escritos en toda Galicia en los que muestran que la votación del pasado miércoles no supone la aceptación de la oferta de la Xunta y que lo único que se votó fue facultar al comité de huelga para que siga negociando y pueda bajar de los 190 euros".

Esta es una de las razones que esgrimen los sindicatos para no convocar una votación como la que solicitó Alfonso Rueda. La otra es que ayer, de nuevo, el seguimiento de la huelga superó el 80% (la Xunta lo rebajó al 35%). "Con los más de 2.000 escritos del lunes y el 80% de participación en la jornada 49 de huelga (por ayer) más las tres que hubo en diciembre y enero, los trabajadores ya han dicho que no aceptan la oferta de la Xunta. ¿Qué más quiere?", se preguntan desde el comité.

Mientras la negociación sigue enquistada, la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza movió ayer ficha en el apartado de los servicios mínimos. Aunque las comunicaciones que realiza todos los días sobre el seguimiento de la huelga, siempre terminan con la coletilla de que estos servicios "se cumplieron en su totalidad", el vicepresidente de la Xunta avanzó el lunes que iba a lanzar una instrucción que "aclare" el decreto de servicios mínimos. Rueda dio este paso ante, a su juicio, la "interpretación errónea" por parte de los trabajadores y sus representantes sindicales.

La instrucción se hizo publica ayer y su aplicación es inmediata. La aclaración esta dirigida a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior y avisa de que los servicios mínimos "debe ser garantizados a través de los letrados de la Administración de Xustiza" y que son estos los que deben realizar "las interpretaciones" del decreto.

La aclaración también aumenta las facultades de esta norma. En el caso del registro civil se encuadran "todas" las actuaciones". En el decreto solo eran las "urgentes".

A falta de estudiar mejor la nueva comunicación, el comité de empresa apuntó que los letrados de la Administración de Xustiza "no pueden entrar en el funcionamiento efectivo de la Justicia" y recordó que UGT ya denunció este caso a nivel nacional. También censuró que se modifique el decreto sin publicar una nueva norma.