Los emigrantes gallegos que entre las décadas de los 40 y los 80 hicieron las maletas y cruzaron el charco para asentarse en Venezuela, donde se ayudaron a través de asociaciones y hermandades, temen perder el patrimonio fruto de su trabajo de estos años ante la incapacidad de mantener sus negocios o vender sus inmuebles. La crisis social, económica y política que vive el país desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder ha provocado que muchos ciudadanos vean como única salida la huida a otros países del continente americano como Colombia, Argentina, Perú, México, Panamá o Brasil.

Otros hacen el viaje de vuelta al que emprendieron décadas y regresan a su lugar de origen pero los que, por ejemplo tienen negocios que no quieren perder, son algunos de los más de 44.000 gallegos que siguen resistiendo pese a los tiempos convulsos que sufre el país. Sus descendientes, sobre todo los profesionales cualificados, son los que menos se lo piensan a la hora de huir para iniciar o relanzar su carrera en otro destino en el que tengan más posibilidades para abrirse camino. Y también ciudadanos venezolanos sin vínculos con el lugar al que emigran deciden empezar de cero para, en muchos casos, trabajar y mandar parte de sus ingresos a los familiares que se quedan y a los que les es imposible sobrevivir con salarios que no llega a los tres euros al cambio de bolívares a euros y que apenas da para una taza de café al día. Los datos así lo revelan porque en el caso de Galicia, los casi 3.000 venezolanos que se instalaron en la comunidad en 2016 son el cuádruple que los 650 que lo hicieron en 2013, año en el que Maduro se convirtió en mandatario de la República Bolivariana.

Gonzalo Gómez Freire es hijo de gallegos emigrados a Venezuela y cofundador del portal de noticias Aporrea.org, el principal medio de comunicación del movimiento popular venezolano, de orientación chavista y contrario al Ejecutivo de Maduro. Su lucha política es la que le motiva a seguir en el país, ya que también forma parte de Marea Socialista, organización que plantea construir una nueva fuerza para defender los postulados originales de la revolución bolivariana. En los comicios parlamentarias de 2015 tuvieron que concurrir en asociación con otros movimientos debido a la dificultad para "legalizar" su organización. También pretenden presentarse en coalición a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril pero admite que es complicado porque "el sistema está preparado para que no haya otra alternativa que no sea Nicolás Maduro".

El también psicólogo y comunicador acusa al actual presidente de llevar al país venezolano hacia "una deriva autoritaria y un capitalismo salvaje". En este sentido, denuncia "la usurpación del poder por una burocracia privilegiada, corrupta y capitalista" y critica que buena parte de la crisis que atraviesa Venezuela se debe a "la fuga de capitales a paraísos fiscales que asciende a 300.000 millones de dólares", lo que según sus cifras suponen "nueve años de importaciones de productos básicos". Estas importaciones se reducen precisamente -explica- para pagar una deuda que el año pasado ascendió al 97% del Producto Interior Bruto.

Una inflación disparada al 13.000%, la falta de suministros y la inseguridad ciudadana son algunas de las razones que causan el repunte de la emigración durante el mandato de Maduro. Gómez Freire señala que los que se van son considerados "traidores" por el aparato del Gobierno y, por eso, aclara que no hay que "criminalizarlos" sino frenar la fuga de cerebros y recuperar todos eses recursos humanos que se están marchando ofreciéndoles mejores condiciones de vida.

Recuerda que entre abril de junio del año pasado hubo protestas masivas convocadas con la oposición que "fueron derrotadas por la represión del Estado" al derivar en acciones violentas y en el aumento de saqueos en los supermercados y de asaltos a transportes de alimentos. Cree que Venezuela vive "ante una olla de presión que a muchos les extraña que aún no haya estallado" como ocurrió -señala- con el Caracazo, los disturbios de 1989 durante el mandato de Carlos Andrés Pérez, que según las cifras oficiales se saldaron con 276 fallecidos y que según las extraoficiales se elevaron a 3.000 desaparecidos.