El actual sistema ya tiene en cuenta la dispersión de la población al calcular el coste de la prestación de los servicios públicos, pero para comunidades como la gallega, no lo suficiente, por lo que reclaman un mayor peso de la dispersión, igual que de la erosión o del envejecimiento de la población.
El comité de expertos, al que el Gobierno español encargó una propuesta para revisar la financiación autonómica, también está de acuerdo con introducir cambios al respecto. Considera que el indicador actual, basado en el número de entidades singulares de población, "podría ser mejorable", y por ello recomienda que se consideren "las ventajas e inconvenientes de otras posibles alternativas que tuviesen en cuenta las distancias entre núcleos urbanos y la distribución geográfica de la población".
¿Y cómo se valora ahora la dispersión? El principal criterio a la hora de repartir los fondos que va a recibir cada comunidad es la población. La población total pondera un 30% y la superficie, un 1,8%, mientras que un 0,6% se reserva para la insularidad. La dispersión, que se mide en función del número de entidades singulares, pesa también un 0,6%. La población protegida, un 38%, la población en edad escolar, un 20,5%, la población mayor de 65 años, un 8,5%; y la superficie, un 1,8%.
La reforma del actual sistema de financiación autonómica está pendiente desde el año 2014. Aunque el Gobierno de Rajoy ha prometido aprobar este año la revisión, los meses pasan, y no hay visos de que el cambio vaya adelante. Necesita pactar con el PSOE, y la situación catalana y la falta de Presupuestos Generales urgen antes que cambiar un modelo, que resucitará tensiones entre autonomías.
