01 de abril de 2018
01.04.2018

La Xunta deberá rebatir ante la ONU las quejas sobre opacidad en minería

La reclamación hace referencia a expedientes de dos minas en Lousame y Santa Comba

01.04.2018 | 00:43

La ONU, a través de la comisión de cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre participación pública en materia de medio ambiente, admitió a trámite el pasado 15 de marzo una queja de entidades ecologistas sobre la "constante obstaculización" de la Xunta al acceso a la información en proyectos mineros. Por ello, Galicia, a través del Ministerio de Agricultura deberá justificar su actuación ante Naciones Unidas. El Gobierno gallego ya fue condenado por la justicia por no entregar toda la documentación sobre la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto, en el ayuntamiento coruñés de Corcoesto, proyecto que finalmente tumbó.

La queja fue planteada por las asociaciones Petón do Lobo y O Ouriel dos Anllóns y enviada el 24 de julio del pasado acerca de los expedientes relacionados con las minas de San Finx, en Lousame, y de Varilongo, en Santa Comba, ambas en la provincia de A Coruña. Según explican las asociaciones, la denuncia también hace referencia "a diversos inventarios sobre los riesgos de balsas y escombreras y de labores mineras abandonadas" por toda Galicia.

La reclamación admitida parte de estas asociaciones, que se incluyen en la red ContraMINAcción, la cual alerta de que los "impedimentos" en el acceso a la información "continúa siendo uno de los principales obstáculos" para los movimientos por la defensa del territorio. En este sentido, alude a conflictos como el de la mina de cobre del concello coruñés de Touro.

La queja emitida al órgano de la ONU, tal y como relatan los ecologistas, se produjo "después de agotar las vías domésticas y de que la Xunta siguiese ignorando las solicitudes". Además, aseguran que fue admitida a pesar de la oposición de la delegación española en la comisión, que afirmó -dicen- que no se habían utilizado tales vías y que sí hubo proceso de participación pública en San Finx y Viralongo. Según las asociaciones, "totalmente falso".

Las entidades gallegas aseguraron que la Xunta ignoró las resoluciones de 2008 y 2009 de ambos proyectos que obligaban a someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.

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