05 de abril de 2018
05.04.2018

La Xunta forzará la tala de 290 hectáreas de plantaciones ilegales próximas a carreteras

Tras probar con éxito la experiencia piloto el pasado año, ahora se extiende a toda la comunidad - Se colocarán carteles de aviso para que el propietario corte los árboles

05.04.2018 | 03:07
Un agente forestal coloca un cartel de aviso en una plantación.

La lucha contra los incendios incorpora novedades esta campaña. La Consellería de Medio Rural forzará a los propietarios a talar 290 hectáreas de plantaciones consideradas ilegales por no respetar la distancia de seguridad con las carreteras, que oscila entre los cuatro metros para las frondosas y los diez para especies como el pino, el eucalipto o la mimosa. Se quiere despejar de todo árbol los márgenes de las vías para garantizar la seguridad del tráfico en caso de incendio y también para prevenir el fuego y evitar que las llamas las crucen.

Esta medida se probó el pasado año de forma experimental en A Coruña y, visto su resultado, ahora se extenderá a toda la comunidad. Estas 290 hectáreas ya están identificadas por el Catastro y lo primero que hará la Xunta será colocar carteles informativos en cada una de las parcelas con varias advertencias dirigidas al propietario: que la plantación es ilegal por estar demasiado próxima a una carretera, que debe respetar las distancias de seguridad y por tanto talar los árboles afectados en el plazo de un mes, de lo contrario el dueño se enfrentará a una sanción de hasta 3.000 euros.

Todos estos avisos se colocarán antes del 31 de mayo, según avanzó ayer la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en la comisión parlamentaria creada a raíz de la ola de incendios de octubre que arrasó casi 50.000 hectáreas y acabó con la vida de cuatro personas.

Si transcurrido el mes, el propietario no ha talado la plantación considerada ilegal, entonces se publicará en el DOG y en el BOE la situación ilegal de ese predio, abriéndose un plazo de tres meses para que el dueño limpie el terreno. Agotado el tiempo, la Xunta hará uso de una de las facultades legales incorporadas tras la ola de incendios de hace cinco meses. Asumirá de forma subsidiaria la tala, pero tras sancionar al propietario y trasladarle los costes de la actuación. Además, sería también la primera vez, si se diera el caso, que la Administración se incaute la madera talada. Agotando todos los plazos, esta intervención final no se produciría hasta octubre.

Si se trata de plantaciones de pino, eucalipto o acacias, no pueden estar a menos de diez metros de una carretera. Toda esa zona tiene que estar despejada de cualquier árbol. Y si son de frondosas caducifolias, entonces la separación se reduce a cuatro metros.

En cada uno de los distritos forestales de Pontevedra y Ourense el objetivo es talar diez hectáreas, mientras que en los de Lugo y A Coruña será de veinte. Galicia se divide en 19 distritos.

Además, según indicó la conselleira, los agentes forestales controlarán 500 kilómetros de carreteras y vías férreas para comprobar que se respetan las franjas de seguridad de prevención de incendios.

5.500 expedientes

Desde el año 2012 se abrieron más de 5.500 expedientes por incumplimiento de las leyes de prevención de incendios forestales relacionados con las franjas de seguridad, la limpieza de fincas y las distancias a vías de comunicación. De todos, 3.500 acabaron en sanción.

En su comparencia, la última de las 62 que se produjeron en esta comisión, la conselleira de Medio Rural informó que el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) para la campaña de alto riesgo de este año será elevado el próximo jueves al Consello de la Xunta, con el objetivo de que en mayo esté "todo organizado".

En la línea con el discurso del Ejecutivo autonómico, incidió en la elevada intencionalidad de los fuegos y se mostró partidaria de "que actúe la Justicia". "Ojalá se puedan endurecer las penas. Yo sería la primera en pedirlo", subrayó.

Como la oposición emplazó a la Xunta a "terminar con la privatización" del servicio de extinción y apostar por uno "único y 100% público", Ángeles Vázquez respondió que "hubo avances" y que "ojalá" pueda haber "muchos más", en alusión a la categoría de bomberos forestales y a los equipos de protección individual. Los efectivos que apagan los fuegos son como sus "hijos en el territorio", según llegó a decir. "Forman parte de mí y de lo que es la sociedad", resaltó, lo que motivó las bromas de la oposición.

La conselleira reiteró además la calificación de "terroristas" a las personas que prenden fuego en zonas forestales y pidió a los partidos de la oposición la "máxima complicidad" con la reforma del plan forestal que espera consensuar con los agentes del sector.

Los partidos minoritarios reprocharon que la conselleira no hiciera ni una sola autocrítica por los incendios de octubre, que la Xunta no sea capaz de hacer cumplir la ley para mitigar los fuegos, que descargue la responsabilidad en los concellos y los propietarios del monte o que se carezca de una política consistente para el aprovechamiento silvícola.

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