Las inspecciones realizadas en empresas del sector agroganadero en Galicia colocan a la comunidad en el primer puesto del ranking nacional en número de sanciones por vulnerar la Ley de Cadena Alimentaria. Incumplimiento de los plazos de pago a los productores lácteos y a los agricultores, ausencia de contratos, cambio en los precios pactados son los principales motivos por los que la industria alimentaria o los distribuidores se enfrentan a multas que parten de los 3.000 euros pero que pueden llegar al millón de euros. Desde que en 2014 el Gobierno central creó la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, las sanciones interpuestas en España alcanzan las 922. Galicia lidera la tabla de multas con un total de 162 a 30 empresas gallega durante estos cuatro años, lo que supone el 17,5% del conjunto del país, tal y como detalló ayer el director de AICA, José Miguel Herrero, durante su presentación en la Delegación del Gobierno del balance de inspecciones y sanciones.
El importe de las multas emitidas es este periodo en el conjunto del país supera los 9,2 millones de euros, lo que se traduce en un desembolso medio de casi 10.000 euros. Solo el año pasado se interpusieron 573 sanciones, el 62% de la cifra total. El importe global de los expedientes abiertos en Galicia superan los 164.000 euros.
La mayoría de las denuncias que tramitó en los últimos cuatro años AICA en España se debe al incumplimiento de los plazos de pago (44,36%). Por acumular más de una infracción, son más del 26% de los expedientes. En la lista les siguen la ausencia de contratos (el 18% de las sanciones) y no remitir la información requerida (5,3%). El resto son por no incluir todos los extremos en los contratos o por modificaciones no pactadas.
De las 162 sanciones interpuestas en Galicia por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, 145 corresponden a la industria. La láctea concentra el grueso de las multas en la comunidad (140, el 86% de los expedientes sancionadores en Galicia), seguida de lejos por el sector de las bodegas (3) y el oleícola (2). El grueso son por la ausencia de contratos y el incumplimiento de los plazos de pago entre las industrias lácteas gallegas. En concreto, por no formalizar por escrito los contratos, AICA interpuso en la comunidad 73 sanciones y por no tener al día sus facturas, otras 57.
En cuanto a las denuncias por ventas a pérdidas, de competencia autonómica, AICA trasladó en Galicia las 25 reclamaciones recibidas -que pueden afectar a varias comunidades- para que proceda a su investigación.
En el conjunto del país, solo Canarias no registra sanción alguna por parte de la Agencia de Control Alimentario. Entre las que menos expedientes sancionadores acumulan están Baleares (2), Navarra (4) y Castilla-La Mancha (8). En el extremo opuesto de la tabla, está a la cabeza Galicia (162), seguida de Madrid (153), País Vasco (103) y Comunidad Valenciana (86).
"El sector lácteo en Galicia concentra la mitad de las sanciones interpuestas en este sector en España", apuntó Herrero durante la presentación del balance, si bien la comunidad concentra más del 40% de las explotaciones y productores de leche de todo el país. Dentro del plan de actuación previsto por la AICA para este año, las inspecciones en el sector lácteo en Galicia se reforzarán para así comprobar que se firman contratos por escrito y que se cumplen los plazos de pago marcados. "La Ley de la Cadena obliga a formalizar por escrito los contratos y a pagar en un plazo acotado; en Galicia seguiremos vigilando a las empresas con el fin de que cumplan", sentenció el director de la AICA, acompañado por el subdelegado el Gobierno en A Coruña, Jorge Atán, y por el jefe de Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en Galicia, José Álvarez.
