La Justicia vive días convulsos en Galicia. A la huelga de funcionarios que ya suma 58 días de paro en los juzgados gallegos, se suman las protestas de los jueces, magistrados y fiscales de toda España que reivindican mejoras en la Administración de Justicia y amenazan con ir a la huelga el próximo 22 de mayo.

Todos los juzgados de España, entre ellos los de A Coruña y Santiago, acogieron ayer la primera jornada de movilizaciones, promovidas por todas las asociaciones de jueces y fiscales, en la que reclamaron al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se sienten a negociar "inmediatamente" sus reivindicaciones para mejorar la Justicia.

A partir de ahora habrá paros parciales de una hora los jueves durante un mes. El próximo 14 de abril está prevista una gran manifestación en Madrid. Si no se obtiene respuesta, los jueces irán a la huelga el 22 de mayo.

En el texto que se leyó en todos los juzgados reclaman a las Cortes Generales, al Gobierno y al Poder Judicial que con "urgencia" se acuerden medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cuestiones. También reclaman recuperar la pérdida salarial de 2010.

Todo ello mientras el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que no existe un conflicto y que los presupuestos de 2018 podrán calmar los ánimos en el sector.

Estás son sus reclamaciones:

Reforzar la independencia judicial. Reclaman un reforma de la ley que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por jueces y magistrados en el Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ, solicitan, debe amparar "de modo efectivo" a los miembros de la carrera judicial y deben retirarse las enmiendas presentadas a la ley orgánica del poder judicial que "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias".

Modernización de la Justicia. Jueces y fiscales piden al Gobierno un plan de inversión "suficiente y prolongado"; incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolas a la media europea -para ello se deben convocar al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años-; modernizar los edificios y un proceso de digitalización con equipos necesarios y los programas de manejo adecuado.

Retribuciones. Solicitan la convocatoria "inmediata y formal" de la mesa de retribuciones para "recuperar el nivel salarial perdido en 2010"; impulsar "de inmediato" la modificación de la ley que afecta a los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal y reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente en el momento en el que se redujo y suprimió en agosto de 2012.

Racionalización de la planta judicial. Requieren revisar el modelo de oficina judicial y dotar de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.

Cargas máximas. Demandan la implantación "urgente" de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en su fijación.

Derogación del sistema de plazos máximos. En cuanto al Ministerio Fiscal, destacan la necesidad de "derogar el sistema de plazos máximos" de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios para ello.

Supresión de magistrados. Reclaman la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos y solicitan que se "objetivice" el nombramiento de los altos cargos judiciales según la base de perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente.