La estrategia de la Xunta para ayudar a los concellos a combatir el feísmo apenas ha despertado interés entre los alcaldes, pues solo ha conseguido movilizar apenas uno de cada cinco euros puestos sobre la mesa como préstamos para rehabilitaciones urbanísticas, pero también para rematar las fachadas de forma subsidiaria y cargarle luego la factura al propietario por no cumplir la legislación que persigue los esqueletos de hormigón o las viviendas a medio rematar.

Solo cinco municipios de menos de 50.000 habitantes -todos salvo las siete ciudades- solicitaron entre julio y octubre pasados los préstamos a interés cero ofrecidos por la Consellería de Infraestruturas, que puso a su disposición 10 millones procedentes de las fianzas por alquileres de inmuebles que están depositadas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). De esa cifra, solo 2,4 llegaron a las arcas de Parada de Sil -602.000 euros para rehabilitar cuatro viviendas-, O Barco de Valdeorras -133.000 para reparar el BIC Torre do Castro-, Rubiá -130.000 para reparar seis viviendas-, Xunqueira de Ambía -485.000 para dos viviendas tuteladas- y Boiro -un millón para el Pazo de Goiáns-.

Los 7,58 millones restantes pasaron a engrosar la convocatoria de una nueva línea de ayudas abierta el pasado 28 de marzo hasta el 31 de octubre. Las condiciones son las mismas que la anterior convocatoria de préstamos, que deben devolverse en un máximo de ocho años. Este fondo económico permitirá financiar las actuaciones municipales "en el desarrollo de las competencias que les atribuye la legislación urbanística en relación con los deberes de conservación y rehabilitación", epígrafe en que se encuadran actuaciones subsidiarias contra el feísmo, de difícil asunción en un año preelectoral, y las de "rehabilitación y regeneración urbanas [...] dentro de las propias políticas municipales en materia de conservación y recuperación del patrimonio construido, así como la compra de inmuebles para su reparación.