La huelga en la Justicia gallega sigue sumando días. Hoy se cumplen 65 jornadas desde que arrancó el pasado 7 de febrero y a corto y medio plazo no hay visos de que se solucione el conflicto. La causa es que ambas partes llevan más de dos semanas (16 días) enrocadas en sus respectivas posturas y sin sentarse ante una mesa. La última reunión data del 26 de marzo cuando se rompieron las negociaciones.

La Xunta mantiene una propuesta que se traduciría en una subida salarial de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

El comité de huelga, que representa a un colectivo de unos 2.700 funcionarios, rebajó su exigencia de 190 a 180 euros lineales para todos los cuerpos con efectividad en dos anualidades. Pide también una cláusula de revisión anual con índice corrector y un plan de recuperación del trabajo perdido.

Sin fecha para un nuevo encuentro que desatasque el conflicto, la sobrecargada Administración de Justicia sigue engordando los juicios suspendidos. Ya rondan los 20.000 en las nueve semanas de paros, según confirmó ayer el responsable de CIG-Xustiza Jesús Sánchez.

Lejos de tranquilizarse las posturas tras las rupturas de las negociaciones hace dos semanas, los ataques se han endurecido. La Xunta ha intentado desprestigiar al comité de empresa y este ha respondido pidiendo la dimisión del vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, y organizando una gran manifestación en Santiago el pasado sábado a la que acudieron más de 2.000 trabajadores. Jesús Sánchez reprobó ayer que la Xunta "pretenda señalar y criminalizar" a los funcionarios como responsables "de la parálisis".

El enfrentamiento también se traslada al seguimiento de la huelga. La Xunta lo sitúa en torno al 30%, mientras que los sindicatos lo elevan al 80%, ya que incluyen los servicios mínimos.