14 de abril de 2018
14.04.2018

Una petición para blindar las pensiones acapara el 44% de las quejas al Valedor

La reclamación reunió 13.017 apoyos. Unas 4.253 personas denuncian problemas de las personas mayores con la cita telefónica del Sergas

14.04.2018 | 17:59

En 2016 la Valedora do Pobo, Milagros Otero, recibía 65.000 reclamaciones y la principal responsable de la cifra era una queja colectiva que reunía más de 50.000 firmas para se mantuviese abierto el Hospital Meixoeiro para los servicios de urgencia y cirugías. Y este año vuelve a ser otra queja colectiva la que engorda las estadísticas. En total fueron 13.017 quejas las que recibió el alto comisionado autonómico para demandar la reforma de la Constitución para garantizar "la revalorización y sostenibilidad del sistema de pensiones".

Así lo explica el Informe do Valedor do Pobo 2017, que revela que estas 13.017 reclamaciones suponen el 44%, 29.141, aparte de las 224 quejas de oficio impulsadas por la propia institución, que bate récords en investigaciones propias. La Valedora alega en el informe, que entregó ayer al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, que las pensiones de los mayores le "preocupan mucho". Si bien aclaró que son competencia del Estado y remitió las quejas al Defensor del Pueblo, indicó que estará atenta "a urgir soluciones porque nuestros mayores así lo precisan y merecen".

Al margen de las quejas colectivas, donde también destacó el estreno de la nueva selectividad, cuestionada por más de mil estudiantes, las principales preocupaciones de los gallegos, si se analiza el peso sobre los asuntos tratados (las 29.365 reclamaciones que dieron lugar a expedientes de queja permitieron a la Valedora investigar 2.359 situaciones), son la sanidad (persisten las listas de espera, dijo) y las corporaciones locales, ambos con un 12%, y los servicios sociales, con el 10%.


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La segunda denuncia que más apoyos reunió, 4.253, atañe al sistema automático de cita telefónica del Sergas y a las "dificultades" para manejarlo de los mayores. Para la Valedora la Administración "no puede cerrar los ojos a la modernización y a las mejoras, pero en esa carrera no puede dejar desprotegidos a los más débiles". La Xunta se comprometió a valorar alternativas. También hubo protestas por el coste, al ser un 902, pero la Valedora no ve "vulneración de derechos".

"Nuestra intervención soluciona o, al menos, agiliza en muchos casos, el problema que se nos traslada, sin tener que llegar a formular reclamación", proclamó la Valedora. Otero instó a "una mayor agilidad" en la tramitación de procedimientos que afectan a personas. "Una administración que llega tarde no consigue solucionar los problemas", aseguró, y el ciudadano se siente "defraudado".

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