El BNG reactivará el frente legal en el Parlamento autonómico para lograr la transferencia de la AP-9, reclamada de forma unánime, pero rechazada por el Gobierno central, que en su tercera negativa alegó un posible coste de la operación de entre 557 y 8.870 millones. Los nacionalistas reaccionan así a la sentencia del Tribunal Constitucional, que limita la capacidad del Ejecutivo para frenar leyes alegando el impacto en sus cuentas, argumento utilizado en el caso de la vía que vertebra la fachada atlántica de Galicia de norte a sur.
El Bloque anunció ayer que presentará una proposición de ley similar a la aprobada por unanimidad y remitida para su debate al Congreso, donde fue frenada por la Mesa a petición del Gobierno, decisión recurrida ante el Constitucional, aunque la nueva vía abierta por este fue alegada ayer por la organización frentista para anunciar que registrará otro texto y acelerará plazos. El criterio del Constitucional contra el veto a una propuesta del PSOE en el Congreso para paralizar el calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa es, según el BNG, "perfectamente aplicable" a la cesión de la AP-9.
El Ejecutivo alegó ante ambos casos la facultad constitucional de bloquear leyes que tengan impacto en su gasto o en la reducción de sus ingresos, pero el Constitucional estima que solo puede afectar a iniciativas que incidan en el presupuesto del ejercicio en curso y no sobre futuras cuentas, porque eso supondría "un veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución".
