El Gobierno reunirá en mayo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para activar con las comunidades la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Así se lo trasladó ayer el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los presidentes autonómicos de Andalucía y Aragón, los socialistas Susana Díaz y Javier Lambán. La elaboración de un nuevo sistema de financiación de las autonomías lleva más de tres años pendiente puesto que el anterior plan se aprobó en 2009 y su vigencia era de solo cinco años.

La crisis, la inestabilidad política y el conflicto soberanista en Cataluña han retrasado hasta la fecha el diseño de un nuevo modelo que sustituya al actual y que la Xunta ha tildado en varias ocasiones de deficiente para la comunidad gallega. Fue negociado con el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el Ejecutivo de Feijóo recrimina haber beneficiado a las comunidades con más población, como Cataluña, en detrimento de Galicia.

De cara a tener más fuerza en las negociaciones que ahora se abren, la Xunta ha forjado en los últimos meses alianzas con otras comunidades autónomas con las que comparte problemas e intereses comunes. Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón urgieron, de hecho, el pasado mes de febrero a iniciar de manera inmediata las conservaciones sobre el nuevo modelo de financiación para evitar que las convocatorias electorales autonómicas y municipales de 2019 acentúen todavía más las tensiones electorales entre comunidades.

El Gobierno ha hecho ya los trabajos previos y cuenta desde el pasado año con el informe sobre financiación autonómica encargado a la comisión de expertos. Sin embargo, la incertidumbre política en Cataluña mantenía hasta ahora en suspenso el inicio de las negociaciones a la espera de que se formase gobierno y esta comunidad pudiese contar así con un interlocutor en las negociaciones.

Andalucía y Aragón dejaron ayer claro a Rajoy que se debe pactar un nuevo modelo de financiación sin esperar a un nuevo gobierno en Cataluña. Los presidentes de ambas comunidades coincidieron en que el Ejecutivo de Rajoy puede representar a los catalanes en esta negociación en tanto el artículo 155 siga vigente.

Según Lambán, el presidente del Gobierno le trasladó que convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en mayo para conocer la posición de todas y cada una de las comunidades autónomas.

De entrada Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón piden una financiación igual para todos los españoles, que garantice el mismo nivel de calidad de los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal del territorio, que haya más recursos financieros, especialmente para atender el creciente gasto en sanidad y la dependencia y que, a la hora de calcular la aportación del Estado, se tenga en cuenta la dispersión poblacional y el envejecimiento. Y advierten de que no tolerarán privilegios a las comunidades más endeudadas. Esto llegó a provocar un enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno valenciano, que sería uno de los más beneficiados en caso de que hubiese una quita o una reestructuración de la deuda.

Presupuestos del Estado

Las comunidades autónomas recibirán este año 4.200 millones de euros más del actual modelo de financiación autonómico ante el aumento de los ingresos por IVA e IRPF. Así se acordó en julio de 2017. Y a Galicia le corresponderán 320 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ya advirtió de que no podrán transferir estos fondos hasta que se aprueben los Presupuestos del Estado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó, sin embargo, que exigirá igualmente al Estado estos fondos aunque no se aprueben las cuentas y propuso para ello la aprobación de un decreto ley que permita a Galicia disponer de esta financiación adicional.