La conflictividad entre Cataluña y el Gobierno central se ha trasladado al resto de comunidades. En 2017, los recursos que las autonomías presentaron al Estado y viceversa aumentaron un 55%. Galicia no es ajena a estas impugnaciones.

La comunidad gallega y los sucesivos Gobiernos centrales se han cruzado un total de 130 impugnaciones a sus leyes en casi cuatro décadas, un balance que la convierte en el tercer territorio con el mayor volumen de litigios de este tipo, por detrás de Cataluña y País Vasco.

Desde 1980 y hasta finales de 2017, el Estado ha presentado un total de 46 imputaciones contra leyes y normas aprobadas por la Xunta. A a cabeza está Cataluña (170), seguida de País Vasco (96), según datos del Ministerio de Hacienda. En los dos últimos años, Galicia ha recibido dos; País Vasco, cuatro, y Cataluña, 27, lo que ejemplifica el conflicto que viven el Gobierno central y el Ejecutivo catalán.

Las impugnaciones se dividen en conflictos y recursos de inconstitucionalidad. Los primeros están reservados para normas que no tienen rango de ley. Desde 1980, el Estado ha interpuesto 24 contra Galicia. Los segundos se presentan cuando lo que se impugna es una ley. En este caso han sido 22.

Las 46 impugnaciones que ha recibido la Xunta han tenido un comportamiento dispar. Once fueron desestimadas, ya que se llegó a un acuerdo en las diferentes comisiones bilaterales Estado-Galicia que se crean para negociar estas discrepancias. La gran mayoría (34) han sido sentenciadas por el Tribunal Constitucional, mientras que solo una queda pendiente de que se resuelva.

Pero no solo el Gobierno reclama a la comunidad. Esta también lo hace con el Estado. En los últimos 37 años, la Xunta ha impugnado un total de 84 normas y leyes nacionales. De ellas, 53 fueron conflictos y 31 recursos. Una quincena se desestimó, 69 recibieron sentencia, y ninguna está pendientes de ser estudiada. En los dos últimos años, la comunidad gallega no ha presentado ninguna queja contra el Estado.

En este apartado, Galicia es la cuarta comunidad que más recursos y conflictos presentó al Gobierno central. La superan Cataluña (413), País Vasco (189) y Andalucía (92). La primera ha presentado 18 en los dos últimos años; la segunda, seis, y la tercera, cinco. Lo que vuelve a demostrar la conflictividad que existe entre los Gobiernos de España y Cataluña.

En total, el Estado y las 17 comunidades se han cruzado 1.720 imputaciones de leyes desde el arranque de las autonomías en 1980 y hasta finales de 2017. El 57% ha tenido como protagonista a las tres comunidades históricas: Cataluña (34%), País Vasco (16%) y Galicia (7%). Aún quedan por resolver 86. La más antigua data de 2006, aunque también queda otra que se presentó en 2007; dos en 2010 y otras dos en 2011. En 2017 el Tribunal Constitucional sentenció seis asuntos.

Tras las tres comunidades históricas, la cuarta con mayor conflictividad es Andalucía, que suma 129, seguida de Canarias, con 90; Aragón, con 77; Navarra, con 59; Castilla-La Mancha, con 52; Baleares y Comunidad Valenciana, con 50; Extremadura, con 46; Asturias, con 35; Madrid, con 32; Cantabria, con 30; Castilla y León, con 27; Murcia, con 15 y La Rioja, con 14.

Asturias, Cantabria y La Rioja eran las únicas que no tenían pendiente ninguna sentencia del Constitucional a finales de 2017.