La Ley de la Cadena Alimentaria española, aprobada en 2014, cuenta con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para inspeccionar las relaciones comerciales entre productores, industrias y distribución y sancionar a los que incumplen lo que dice la norma en cuanto a contratos y plazos de pago. España fue pionera en la Unión Europea en la lucha contra los abusos en el sector agrario pero la AICA no tiene competencia con la investigación y sanción de la venta a pérdidas, que corresponde a las autonomías, al igual que asegurar la calidad o seguridad de los alimentos. La pugna entre legislación nacional y europea lleva abierta desde hace años. En 2005 la directiva europea fijó cuáles son las prácticas desleales en las relaciones comerciales sin incluir la venta a pérdidas, la que se hace por debajo del precio de coste de producción.

Ahora la Unión Europea da un paso adelante y ultima otra norma contra las prácticas ilegales en la cadena alimentaria. Esta nueva disposición prohíbe aplazar el pago de productos perecederos a más de 30 días, las cancelaciones de pedidos a última hora y cambios unilaterales de las condiciones de venta, según El País. Desde la Xunta, la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, celebró el plan de la Comisión Europea contra los abusos en el sector agrario y las prácticas comerciales "desleales" en la cadena de valor de las producciones agroalimentarias. Esta propuesta se presentó en el Consejo de Ministros de Agricultura y pasará por el Parlamento Europeo para su aplicación antes de dos años.

El sector espera que esta nueva norma reconozca el desequilibrio en la cadena alimentaria en detrimento del primer eslabón que son precisamente los productores. Por eso, aunque acogen la noticia con "un optimismo prudente" están a la expectativa de como se va a desarrollar la nueva norma. El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, destaca que si Bruselas admite el desajuste de los productores frente a industria y distribución sería "un gran avance" del que España -opina- debería aprovecharse para reforzar su Ley de Calidad Alimentaria, que pese a su importancia para controlar el sector, considera que está coja en cuanto al sistema para sancionar a los infractores. Santalla incide en que más de la mitad del valor del producto recae en los comercializadores y la tercera parte en las factorías que lo crean, mientras que para ganaderos y agricultores apenas queda el 20% restante. Pone como ejemplo el caso del lácteo, y en el particular el de Galicia, que pese a acaparar el 40% de la producción láctea, los ganaderos de la comunidad no solo se ven afectados por la descompensación con el resto de agentes de la cadena -explica- sino que son los que menos cobran tanto de España como de toda la Unión Europea.

Por eso, el sector apunta que cada se deberían recuperar entre tres y cinco céntimos por litro para los ganaderos, una medida que ve sencilla "sin repercutir en los consumidores" siempre que se reconozca esa desigualdad en la nueva norma comunitaria. Si no es así, lamenta que será un reglamento que "se quedará en papel mojado" en el objetivo de controlar los abusos en el sector agrario.

En España la práctica de la venta a pérdidas está recogida la Ley de Competencia Desleal de 1991 y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 pero el año pasado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró contraria al derecho esta última ley estatal que prohíbe realizar ventas a pérdidas. La directiva comunitaria armoniza las normas sobre prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores y los Estados miembros no pueden tomar medidas más o menos restrictivas que las definidas ya en la ley de 2005.