El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad y por tercera vez demandar la transferencia de la autopista AP-9 para Galicia, vetada en varias ocasiones por el Gobierno central. En el debate de la toma en consideración de la proposición de ley defendida por el BNG, la portavoz nacionalista, Ana Pontón, dejó claro que "tiene que iniciarse un tercer intento que debe ser el definitivo".

"¿Qué cambió para volver a traer esta solicitud?". A esta pregunta responde Pontón con un reciente fallo del Tribunal Constitucional que fija que "el Gobierno no tiene poder absoluto para vetar las leyes por razones presupuestarias" y que el Ejecutivo central "no tiene un derecho de veto ilimitado". "Una sentencia del Constitucional está diciendo que el PP utilizó mentiras para vetar la transferencia de la AP-9", argumentó.

Sobre las posibilidades que abre este reciente fallo del Constitucional coincidieron el resto de grupos, pero PP y PSOE tienen intención de modificar el texto aprobado para evitar un nuevo veto por parte del Congreso. Ambos partidos apuestan por suavizar el texto del BNG eliminando las disposiciones adicionales que refieren a un eventual rescate y marca seis meses de plazo para llevar a cabo el traspaso.

Por su parte, el diputado de En Marea Marcos Cal clamó a favor de un "acuerdo de país" ya alcanzado con anterioridad pero "que tristemente se vio vetado por el PP en el Congreso" por lo que ahora, "de oficio la Mesa debe aceptar esta propuesta y así poder desbloquear esta situación inconstitucional" que muestra que "el PP es constitucionalista a tiempo parcial".

El portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, está convencido de que la "resolución será positiva en algún momento" para Galicia aunque ha urgido a que sea rápida después de una gestión que últimamente "deja serias dudas".

Martín Fernández (PP) apoyó la petición ya que desde su formación, advirtió, demandarán esta transferencia "en todos los foros que se consideren oportunos" por ser un traspaso "posible y jurídicamente viable".