El conflicto de la Justicia gallega parece que ahora sí entra en su recta final y que este viernes podría escribir su capítulo definitivo. Ese es el ultimátum que dio ayer la Xunta a los sindicatos para que decidan si apoyan o rechazan su última propuesta económica. Si la reprueban, entonces el Gobierno gallego se declarará libre de todos los compromisos previos adquiridos y podrá decretar tanto la aplicación de forma unilateral de la subida salarial de su última oferta como rebajarla o hasta retirarla por completo. No obstante, la Xunta confía en que al menos uno de los siete sindicatos del sector apoye su propuesta para así poder aprobarla en la mesa sectorial e iniciar su aplicación.
Las negociaciones se retomaron ayer, aunque apenas duraron una hora. Y en vez de ser una reunión con el comité de huelga, el foro convocado fue la mesa sectorial de Justicia. La Xunta llevó la misma propuesta económica que planteó el 26 de abril y que los trabajadores votaron al día siguiente en su contra por mayoría en una jornada con acusaciones entre sindicatos de coacciones e intimidaciones. Las subidas salariales previstas se traducen en 140 euros al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, que se aplicarían repartidas en tres anualidades, el 50% en este ejercicio, el 30% en 2019, y el restante 20% en 2020.
También recoge un plan de recuperación del trabajo paralizado por la huelga al que podrían adherirse todos los trabajadores de forma voluntaria -hayan secundado o no los paros- y una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de por encima de la media de las otras 12 comunidades más el "territorio Ministerio". Lo que ha cambiado es que se ha suprimido una cláusula, la que obligaba a que la propuesta fuera sometida a consulta y aprobada por el conjunto de los trabajadores, lo que limitaba la autonomía de los sindicatos.
Voto de calidad
En la mesa sectorial Xunta y centrales tienen la misma representación, pero la Administración, en caso de empate, ejerce el voto de calidad para decantar la balanza. "Como Administración, si no existe un mínimo principio de acuerdo nos veríamos liberados de compromisos y de los ofrecimientos que se hicieron", advirtieron los directores xerais de Xustiza y de Función pública al finalizar la reunión. No obstante, apelaron a la "responsabilidad" para obtener el respaldo de al menos un sindicato. Con un solo voto, la Xunta aplicaría su propuesta económica tal como se conoce. Con eso le basta. Pero si ningún sindicato respondiera a su ultimátum, entonces el Gobierno gallego tendría las manos libres para actuar.
Pero el Ejecutivo prefiere no anticipar su próximo movimiento y esperar a la respuesta de los sindicatos el viernes a las 14.00 horas.
Antes del encuentro, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso destacar que la huelga "ya no está vigente y ya acabó", en referencia a que la convocatoria sigue abierta pero se ha suspendido y prácticamente la totalidad de los trabajadores ha vuelto a sus puestos. "Ahora toca acabar con el conflicto sin más trámites y si es posible, que esta misma semana todo esto sea ya historia". Por eso, el Ejecutivo autonómico procederá a derogar los servicios mínimos -para los que, hasta ahora, estaban reservados 775 funcionarios-.
Las posturas que manifestaron los sindicatos a la salida del encuentro son divergentes. Así, UGT, Comisiones Obreras y CSIF prevén someter la oferta económica a la decisión de sus afiliados. USO, por su parte, tiene que decidir qué hacer, pero apostaría por que hablasen los trabajadores en su conjunto y no solo sus adscritos. Pero el resto, CUT, CIG y STAJ avanzaron ya su postura, que es rechazar la oferta de la Xunta por ser la misma a la que los trabajadores dijeron que no en la votación del pasado 27 de abril.
