Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León acaban de sumar dos socios nuevos en su frente autonómico por una financiación autonómica justa e igual para todos los españoles. El objetivo es pactar un nuevo modelo de reparto que garantice el mismo nivel de calidad de los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de cada territorio, que blinde más recursos financieros, especialmente para atender el creciente gasto sanitario y la dependencia, y que, a la hora de calcular la aportación del Estado, tenga en cuenta la dispersión poblacional y el envejecimiento.

Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, y La Rioja, en manos del Partido Popular, se han unido al frente autonómico, y así esta alianza de comunidades gana peso y fuerza de cara a las negociaciones de la revisión de la financiación autonómica. Con los dos nuevos socios en el lobby del norte, el frente ya representa el 19,3% del PIB español. Los seis territorios suman 224.863 millones de euros, frente a los 219.976 millones de Madrid, los 223.139 millones de Cataluña, los 155.213 millones de Andalucía o los 108.781 millones de Valencia.

También suponen el 21,1% del censo. Más de 9,8 millones de ciudadanos y electores. Andalucía, la comunidad más poblada, tiene un censo de 8,4 millones, Cataluña, de 7,4 millones, Madrid, de 6,4 millones y la Comunidad Valenciana, de 4,9 millones.

Una de las bazas del frente que ayer sumó dos nuevos territorios es que no es monocolor. Tres comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León y La Rioja) y tres dirigidas por el PSOE (Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha) han aparcado sus diferencias políticas, buscando puntos de encuentro y están dispuestas a defender sus intereses en la negociación del nuevo modelo de financiación, para que no sean las comunidades más grandes las que impongan sus criterios.

Representantes de las seis autonomías se darán cita el próximo 4 de junio en Zaragoza para apremiar de nuevo al Ministerio de Hacienda a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y abordar ya la revisión del modelo. El tiempo se agota, porque la negociación será ardua y larga, y la proximidad de las elecciones municipales y europeas del año próximo desaconseja pactar el modelo en pleno clima preelectoral.

"No descartamos que estos planteamientos puedan ser asumidos por otras comunidades", avanzó ayer el consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez, cuando anunció el cónclave.

Las seis autonomías acuden a la cita con unos planteamientos generales ya establecidos. El primero de ellos es que la reforma del sistema de financiación autonómica "ha de iniciarse cuanto antes". Para ello apremian a Hacienda a convocar el CPFF y a poner sobre la mesa "una propuesta concreta".

Asimismo, plantean que se abra la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera obteniendo un "consenso multilateral" que tenga en cuenta las necesidades y posiciones de todas las comunidades autónomas afectadas.

Por otro lado, juzgan "imprescindible" que se logren niveles similares de servicios públicos en todas las autonomías, con un sistema de financiación fundamentado en las necesidades de gasto en lugar de la capacidad fiscal de cada territorio.