M. Vázquez.SantiagoIncumplir la ley, ofrecer un servicio de baja calidad o aplicar una política de precios abusivos resulta cada vez más difícil en el sector de la hostelería de Galicia. En los últimos años, la Xunta ha reforzado progresivamente su actividad inspectora con la intención de acabar con la picaresca y las malas prácticas que tanto daño hacen a la imagen del sector. El resultado ha sido un incremento notable del número de expedientes sancionadores que sólo entre 2003 y 2006 aumentaron en un 75%.Los inspectores de Turismo levantaron el año pasado 4.499 actas de las que 530 acabaron en sanción (casi un 7% más que en el último año Xacobeo, cuando se detectaron 496 infracciones). El resto, se saldaron con una advertencia o un requerimiento al propietario instándole a corregir la anomalía detectada. Los casos en los que la inspección revela que se ha cometido una infracción turística tipificada por ley y sancionable económica o administrativamente, acaban con una multa que, en los casos graves, (establecimientos que operan sin licencia de actividad; uso de denominaciones o de una rotulación diferente a la que le corresponde por categoría; etc) puede oscilar entre los 601 y los 6.001 euros.Por provincias, A Coruña es la que concentra la mayor actividad inspectora y también la mayoría de las sanciones. En total, el año pasado se levantaron 1.282 actas a partir de denuncias o de visitas realizadas de oficio a locales coruñeses, que derivaron en 277 expedientes de sanción. Le siguen Pontevedra, la otra provincia turística por excelencia, con 120 infracciones sancionables; Ourense, que el año pasado concentró una intensa actividad inspectora, con 1.259 actas levantadas y 77 multas; y Lugo, con 56 sanciones impuestas. La mayor parte de las denuncias formuladas por particulares tienen que ver con desacuerdos por los servicios recibidos, los precios o las instalaciones, aunque cada vez son más las quejas por publicidad engañosa. Las reclamaciones más frecuentes suelen deberse a un error o una cancelación de la reserva, al incumplimiento de alguna de las condiciones del viaje cuando se trata de paquetes turísticos, deficiencias en las instalaciones y en materia de seguridad y accesibilidad, o la prohibición de acceder a determinados establecimientos públicos.En cuanto a las quejas por los precios, que son las más habituales en bares y restaurantes, suelen estar relacionadas con desajustes entre el producto recibido y la cuenta, la inexistencia de listas de precios o la negativa a realizar una factura. Otra queja habitual suele ser la falta de hojas de reclamaciones o el rechazo del responsable del local a facilitarlas cuando así lo requiere algún cliente.Cinco albergues y cuatro casas de turismo rural ilegalesEl tirón de los dos últimos años santos en Galicia desencadenó la aparición de establecimientos ilegales en las principales rutas xacobeas. Esta situación, que se vio alimentada por la saturación de la red de albergues oficiales de la Xunta, obligó a Turismo a extremar en el año 2006 la vigilancia de estos locales. Fruto de ese esfuerzo, el año pasado se detectaron cinco albergues clandestinos, una infracción grave y sancionable con hasta 6.000 euros y el cierre inmediato del local. El otro caballo de batalla en 2006 fue el intrusismo en el turismo rural, una vieja denuncia del sector que se vio recompensado con cuatro sanciones ejemplares a otros tantos establecimientos que se vendían como turismo verde.Sin embargo, no siempre los hosteleros que cometen alguna irregularidad actúan con mala fe. Para aconsejar a los empresarios y advertirles a tiempo de sus obligaciones legales, los inspectores de Turismo también cumplen una función de asesoramiento además de emitir informes para la apertura de nuevos locales, aprobar reclasificaciones o dar luz verde a infraestructuras turísticas.