Un anuncio agridulce

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M. VÁZQUEZ. El compromiso de la Xunta de completar las pensiones más bajas ha vuelto a saltar a las primeras páginas de la prensa gallega justo un año después de que el vicepresidente Anxo Quintana propusiese por primera vez la medida. Convertido en anuncio estrella de un Debate sobre el Estado de Autonomía huérfano de grandes novedades, el complemento, que se empezará a aplicar en 2008, parece haber superado las diferencias que planteó entonces dentro del Ejecutivo gallego a costa, eso sí, de aparcar el debate sobre dónde está el límite de la intervención autonómica sobre unas prestaciones que debe pagar y fijar el Estado.

La anunciada y polémica en su día promesa del bipartito beneficiará a 55.000 gallegos que cada mes deben enfrentarse al reto de subsistir con una pensión de 312 euros o incluso menor. La ayuda de la Xunta pretende ser un balón de oxígeno para uno de los colectivos más numerosos y necesitados de Galicia, los pensionistas, que a falta de que los técnicos concreten las partidas en los presupuestos de 2008 recibirán unos 218 euros extra al año.

Sin embargo, en esto del complemento de las pensiones más bajas la Xunta ha vuelto a llegar tarde respecto a otros gobiernos autonómicos, que a finales de los 90 cogieron el toro por los cuernos y se dieron cuenta de que dentro del heterogéneo colectivo de los pensionistas había un grupo especialmente desamparado: aquellos que por enfermedad o por no haber cotizado los años exigidos por ley para tener derecho a una pensión contributiva se encuentran ahora dependiendo exclusivamente de prestaciones de carácter asistencial.

Las inevitables comparaciones dejan mal o bien parada a Galicia según el punto de referencia que se tome, con una mejora considerable respecto al complemento fijado por Andalucía pero todavía muy lejos de las prestaciones que reciben en Cataluña. Y mientras los políticos gallegos se disputan el mérito y anuncian por duplicado y casi a la vez una subida de las pensiones asistenciales, la realidad seguirá siendo que los gallegos perciben las prestaciones más bajas de todo el Estado.