EL AUMENTO DE LAS QUERELLAS SE CONCENTRÓ EN EL PRIMER SEMESTRE, EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
R. PRIETO.A CORUÑA
El efecto Marbella empieza a notarse en Galicia. El boom urbanístico de los últimos años la sitúa entre las comunidades más afectadas por la marbellización de la costa, sólo por detrás de Andalucía y Murcia. En el primer semestre de este año, las denuncias por delitos urbanísticos contra ayuntamientos se han disparado en un 50%. Las diligencias abiertas contra actuaciones municipales en Ares, Malpica, Boiro, Dumbría o Mesía son algunas de las más de 100 denuncias urbanísticas interpuestas hasta el pasado mes de junio ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El fiscal del TSXG especializado en delitos urbanísticos, Antonio Roma Valdés, atribuye el aumento de este tipo de querellas de particulares contra "actuaciones municipales" a la celebración de las elecciones locales del pasado 27 de mayo. "El número de denuncias dirigidas frente a responsables municipales fue muy elevada en el último semestre del año pasado y, aumentó hasta un 50% en los primeros seis meses de 2007, vinculado a la existencia innegable de un proceso electoral", asegura Roma Valdés.
En su memoria anual, la Fiscalía de Pontevedra pone de manifiesto el "carácter político" de una gran parte de las denuncias en materia de urbanismo y advierte de
la existencia de "profesionales"
-a los que denomina "pleitista urbanista"- en este tipo de actuaciones judiciales. "Esta situación es aplicable a todas las fiscalías gallegas", afirma Roma.
Balance
Parte de la costa gallega está invadida por decenas de urbanizaciones que se han construido en un tiempo récord. Las construcciones en la zona de servidumbre de costa, las licencias de obra en fincas no urbanizables y algunos casos de cohecho han disparado este año las denuncias por delitos contra la ordenación del territorio. Pese al aumento en un 50% del número de diligencias abiertas en materia urbanística, las 100 denuncias presentadas en la comunidad gallega hasta el pasado mes de junio todavía están muy lejos de los más de 500 incoadas en la provincia de Málaga, que, a diferencia de Galicia cuenta con dos fiscales anticorrupción que investigan tramas urbanísticas en al menos una veintena de ayuntamientos.
El año pasado, en Galicia se presentaron un total de 94 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio -46 en A Coruña, 32 en Pontevedra, 8 en Lugo y las 8 restantes en Ourense-. De ellas, tan sólo dos fueron presentadas de oficio por la Fiscalía, ambas por la de A Coruña. "El volumen de denuncias fue particularmente alto en los últimos meses del año", apunta Roma Valdés, quien destaca que el número de asuntos judicializados también aumentó el año pasado -un total de 44-. En el caso concreto de la Fiscalía de A Coruña, se pasó de las siete denuncias enviadas al juzgado en 2005 a las 17 del año pasado.