R. P..A CORUÑA
Los ayuntamientos gallegos también están bajo sospecha. Aunque a la corrupción le gusta el Mediterráneo, algunos muni-cipios de la costa gallega tam-bién se vieron seducidos por el paraíso del ladrillo.
-Oleiros.- El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, deberá comparecer a finales de noviembre ante el titular del Juzgado de instrucción número 5 de A Coruña para declarar como imputado en el procedimiento abierto tras la denuncia que presentó contra él la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación se inició tras las informaciones que publicó LA OPINIÓN sobre sus negocios inmobiliarios. El Ministerio público considera a Seoane supuesto autor de delitos tipificados en el Código Penal como negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
-Arteixo. La Fiscalía del TSXG también decidió estudiar la situación creada en el Ayuntamiento de Arteixo como consecuencia de las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el alcalde, Manuel Pose, a través de empresas constructoras de las que es propietario o copropietario y que trabajan en el municipio. Pose admitió que votó la aprobación de licencias de estas empresas, en contra de lo que dispone la Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
-Cabanas. La alcaldesa socialistas de Cabanas Modesata Anca fue condenada a ocho años de inhabilitación y a pagar una multa de 5.400 euros por la construcción ilegal de 13 chalés en una zona costera. El aparejador municipal, José Juan Rivera, relacionado con una de las constructoras, también fue inhabilitado.
-Fisterra y Malpica. La Consellería de Política Territorial ha decidido llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Fisterra por hacer caso omiso de su requerimiento contra las licencias de construcción de 16 edificios con 391 viviendas situadas frente a la costa. El recurso de Malpica afecta a un permiso para construir un centenar de viviendas en el lugar de Canido.
-Barreiros y Foz. El Ejecutivo gallego también anunció seis contenciosos para paralizar 376 viviendas en Barreiros (PP)y otro para anular 40 licencias para 1.350 viviendas (algunas ya vendidas y otras en construcción) en Foz (PSOE).
-Gondomar. Dos concejales en el Ayuntamiento de Gondomar, la novia de uno de ellos y un arquitecto fueron detenidos en febrero pasado por un delito de cohecho que les relaciona con unos supuestos sobornos a funcionarios y el cobro de comisiones por la concesión de diversas licencias urbanísticas. Esta semana, el ex alcalde y cinco ediles fueron imputados por la concesión supuestamente irregular de 300 licencias urbanísticas.
-Nigrán. La Fiscalía presentó una denuncia penal contra el alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto intento de recalificación de 12 fincas adquiridas por el presidente del Celta.