La SGAE y Arteixo se enfrentan en los juzgados por los derechos de autor

ANTARES PÉREZ | ARTEIXO La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha interpuesto una denuncia contra el Concello de Arteixo ante su negativa a abonarle una deuda de 18.413 euros por los derechos de diverso material utilizado por la Administración Local entre los años 2003 y 2008.

La alcaldesa, Pilar Souto, se mostró ayer totalmente contraria a asumir la totalidad de la deuda que reclama la SGAE: "Pagaremos sólo lo que nos corresponde", advirtió la regidora, para quien varios de los conceptos "son muy difíciles de demostrar".

El departamento de Intervención da la razón a la alcaldesa. La funcionaria encargada de fiscalizar la labor municipal emitió un informe en el que se mostraba contraria a abonar la deuda al considerar que la ley vigente establece que el pago por la utilización de piezas musicales o teatrales prescribe a los cuatro años.

No es la primera vez que el Concello dirime en los juzgados el pago de una deuda. En lo que va de legislatura, dos empresas se querellaron con el Ayuntamiento para cobrar pagos pendientes del anterior Gobierno local. Al pago de deudas hay que añadir las reclamaciones patrimoniales. La anulación de permisos llevó a varias compañías a exigir indemnizaciones millonarias al Concello. La más elevada es la de Coacón, que exige 38 millones.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha interpuesto una denuncia al Concello por su negativa a abonar los 18.413 euros que esta asociación de artistas considera que el Ayuntamiento le adeuda desde 2003. La cantidad corresponde a los derechos de autor por el empleo de obras teatrales, musicales y audiovisuales en actividades promovidas por el Gobierno local entre los años 2003 y 2008.
El Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña remitió el pasado 22 de septiembre una cédula de citación al Concello en la que le otorgaba un plazo de veinte días hábiles para personarse en el procedimiento ordinario iniciado a instancias de la SGAE.

La alcaldesa, Pilar Souto, manifestó ayer su negativa a asumir el total de la deuda que demanda la Sociedad de Autores. "Hay muchas que no estamos dispuestos a asumir. Pagaremos sólo lo que nos corresponde", advirtió la regidora, que incidió en que varios de los asuntos que reclama la SGAE "son muy difíciles de demostrar".

El departamento de Intervención emitió el pasado julio un informe en el que se mostraba contrario a asumir la totalidad de la deuda requerida por la asociación. La funcionaria encargada de fiscalizar la gestión municipal recordaba en su escrito que la ley vigente establece que el pago por la utilización de piezas musicales o teatrales prescribe a los cuatro años, por lo que la Sociedad de Autores "sólo tendría derecho a reclamar el derecho por las actuaciones de 2008".

Intervención incidía además en el hecho de que la SGAE no podía reclamar el cobro cuando las obras son interpretadas por los propios autores, cuando se trata de piezas de dominio público o cuando los creadores perciben directamente sus derechos.
La alcaldesa recalcó ayer que la mayor parte del importe reclamado por la SGAE fue adquirido por el anterior Gobierno municipal, presidido por el popular Manuel Pose. "Se trata de uno de las tantas deudas heredadas de la anterior legislatura", criticó. La mayor parte de las adeudos corresponden a actos organizados por la Concejalía de Cultura y Fiestas, que gestionaba ya Andrés Gayoso, en aquel momento edil del PP.

Otras reclamaciones vía judicial
No es la primera vez que el Concello acude a los juzgados para intentar evitar una deuda. Y no siempre con éxito. El pasado mes, el Juzgado de lo Contencioso número cuatro condenó al Ayuntamiento a abonar una deuda de 66.227 euros a Aquagest, una empresa contratada hace más de cuatro años para gestionar el suministro en la zona norte del municipio y realizar una serie de obras de captación de agua en Sisalde. La empresa no es firme y el Gobierno local ha aprobado ya de forma unánime presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Una radio privada contratada por el anterior Gobierno municipal optó también por recurrir a la Justicia para cobrar una deuda por publicidad electoral. La cuantía ascendía a casi 4.000 euros y fue abonada finalmente por el Concello tras ser desestimado su recurso. Un caso muy similar al que le obligó a abonar más de mil euros los gastos del envío de varios ejemplares de un periódico local a América Latina.

La cuantía de estas deudas es anecdótica si se compara con el importe de las exigidas por otras empresas en concepto de indemnización. El caso que más preocupa al Concello es la reclamación interpuesta por la compañía Cespa, antigua Coacón, que reivindica el cobro de 38 millones de euros para resarcirse por las pérdidas derivadas de la anulación de las licencias del vertedero de Monticaño.

La anulación de las licencias de la gasolinera de O Seixedo, levantada sobre suelo rústico, también culminó con una reclamación patrimonial. La empresa exigió el pago de casi dos millones de euros, una demanda que fue desestimada por el juez al considerar prescrito el plazo de reclamación. La sentencia fue recurrida por el demandante.