Cambre aplaza la reclamación del IBI por la AP-9 y la presa

ANA BLASCO | CAMBRE El Gobierno local de Cambre esperará a que se resuelvan los procesos judiciales que han abierto otros municipios para reclamar el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tanto a Emalcsa por el embalse de Cecebre, como a Autopistas del Atlántico por la AP-9.

El concejal de Economía y Hacienda, Venancio Salcines Cristal, asegura que la reclamación del IBI a estas empresas por ocupar territorio cambrés es un tema que está sobre su mesa. Sin embargo, es partidario de esperar a ver cómo terminan estos casos para estudiarlos y decidir la línea a seguir por el Ayuntamiento cambrés.

"No estamos a la vanguardia en reclamaciones judiciales", reconoce Venancio Salcines que cree que de este modo las arcas municipales podrán ahorrarse muchos gastos judiciales. "Estos temas están ahora en los tribunales, cuando lleguen las sentencias y halla éxitos, lo más probable es que sigamos su estela", asegura.

El Juzgado Contencioso Administrativo de A Coruña dio la razón hace un mes al Ayuntamiento de Abegondo en su enfrentamiento judicial con su homólogo coruñés, e el que le reclama las liquidaciones del IBI de características especiales por la presa de Cecebre correspondientes a los ejercicios de 2002 a 2006. Por esta sentencia, las arcas abegondesas ingresarán 129.301 euros por este concepto.

A Cambre le correspondería una cantidad menor, ya que la superficie ocupada por el embalse es más reducida.

En el caso de la autopista, también existen ya sentencias al respecto. Pontevedra es el primero de los municipios afectados por la AP-9 que han conseguido que el Tribunal Superior de Madrid le reconozca el derecho a percibir del Estado 1,2 millones de euros para compensar la exención del 95% del IBI de la autopista, en 2003. Otros doce de los quince concellos afectados en la provincia de Pontevedra lo intentarán de forma conjunta a través de una demanda anunciada por la Diputación provincial.

Este no es el único caso en que los tribunales dan la razón a los municipios. El primero en obtener una sentencia favorable fue el riojano Cenicero, al que le siguió Calahorra, ambos afectados por la AP-68. Alrededor de una veintena de municipios catalanes, segovianos, asturianos y leoneses han obtenido idénticos resultados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Impuestos

El equipo de gobierno, por otra parte, propondrá a la Corporación local que no se aplique ninguna subida a los gravámenes que afectan a los vecinos. "Congelamos todos los impuestos municipales y las tasas de los servicios públicos", avanza el edil de Hacienda.

Explica que Cambre se puede permitir esta medida ya que "la recaudación cubre el gasto corriente y el de personal". "Podemos pagarlo sin tener que recurrir a renta y todavía tenemos excedente para la inversión pública", se enorgullece Salcines que explica que el nivel de deuda del Ayuntamiento se encuentra "muy por debajo" del límite establecido por la ley. Informa de que Cambre debe cinco millones, un 33% del máximo permitido.

"Para demostrar a los vecinos el interés recaudatorio del Gobierno local", han incluido dos ordenanzas fiscales nuevas: impondrá una tasa anual tanto a las compañías de telefonía como a los bancos con cajeros abiertos a la vía pública.

A las empresas de comunicaciones se les cobrará en base al uso del dominio público por las redes instaladas en el subsuelo. Cambre espera obtener a través de esta tasa 100.000 euros anuales.

El cobro por los cajeros automáticos es más simbólico, ya que el Concello percibirá 80 euros anuales por cada una de estas instalaciones. Se exigirá este gravamen en virtud del uso de la vía pública que implica su actividad.

Ambas ordenanzas fiscales ya han sido implantadas en otros ayuntamientos de la comarca.