Seoane pide a Costas y Xunta que legalicen la esquina de su vivienda que debe derribar

MARTA VILLAR | OLEIROS El alcalde de Oleiros ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Xunta la legalización de la parte de su casa de As Galeras que invade la zona de servidumbre de protección de Costas.

El plazo para que demoliese esos cuatro metros que según la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no son legales finalizó ayer pero la vivienda sigue entera porque Ángel García Seoane confía en que Costas y la Xunta acepten su solicitud ya que la posibilidad de legalización se aplica para casos excepcionales y de los que hay ejemplos.

García Seoane confesó que la demolición de los cuatro metros de su casa le supondría un gasto de 47.000 euros pero el mayor perjuicio es que para derribar la esquina ilegal tendría que demoler el triple de superficie, doce metros en total, ya que la eliminación de esta parte afecta a elementos estructurales de la vivienda y por motivos constructivos y de seguridad hace falta derruir más superficie.

"Para cumplir la sentencia tendría que demoler también la parte legal de la casa", concretamente ocho metros más, según explicó ayer el regidor.

"No quiero eludir ninguna sentencia pero quiero justicia", concluyó Seoane, quien aseguró que si no le aceptan la solicitud de legalización derribará efectivamente la parte de su casa que no es legal.

La ley de costas señala que en zona de servidumbre está prohibida la edificación destinada a residencia por lo que no puede legalizar un uso prohibido.

El plan general urbano muestra que la vivienda del alcalde está fuera de la zona de servidumbre pero cuando hay contradicciones entre los planos municipales y los de Costas siempre prevalecen estos últimos, tal y como recordaron los jueces en la sentencia del pasado junio. Si se hubiese instado la legalización cuando Costas incoó el expediente de reposición este problema quizá sería más fácil de resolver.

El primer edil de Oleiros reiteró que él no es "un infractor urbanístico" porque los jueces en las dos sentencias señalaron que no se le podía culpar de esta construcción ilegal debido a las "deficiencias y contradicciones que presentan los planos".

Recordó de nuevo que en la denuncia contra su casa está "la mano negra del que fue edil del PSOE", del líder del PP local y de Beatriz Mato, "que usó entonces la delegación de Pesca" para "hacer política".

"Estuvieron un día aquí, Mato y Romay Beccaría, tomando algo en el Preludio en Santa Cruz y decían le vamos a tirar la casa", relató Seoane.

En la playa de Cirro en Sada se levantaron unos apartamentos en dominio público que fueron denunciados por la Xunta y una sentencia de 1997 ordenó una sanción -unos 8.500 euros- y su demolición. Aún siguen en pie.

Ángel García Seoane aseguró ayer durante el discurso de inauguración de la pista polideportiva que la obra "se debe exclusivamente a la asociación de vecinos que lleva años de lucha". Poco después recordó que esta construcción se ha financiado con los fondos estatales anticrisis pero a continuación precisó: "El Gobierno de Zapatero, al cual aprecio y voto, pero ésta es una obra de Alternativa dos Veciños". Al PSOE, representado en el acto por su portavoz municipal Covadonga Díaz y otro edil, no le gustó la atribución del mérito y horas después envió un comunicado en el que subrayó que "ni una sola obra relevante ha realizado el Gobierno de Alternativa dos Veciños que no sean las financiadas por el Gobierno de España salvo el monumento al Che Guevara". Los socialistas afirman sentirse "orgullosos" de que el Plan E haya reportado tantas obras para Oleiros y criticaron la "falta de educación y el comportamiento sectario" de Seoane por sus declaraciones durante la inauguración. El regidor declaró que los que pusieron pleitos para parar las obras ayer tuvieron la "desfachatez" de acudir al acto, sin precisar nombres. García Seoane manifestó que este tipo de equipamientos en Oleiros se logra gracias "al urbanismo", que reporta suelo público. Indicó que en la urbanización de Meixón Frío, de 60.000 metros cuadrados, sólo 20.000 son privados. Añadió que de las 289 viviendas que se construyen 105 son de promoción pública y próximamente junto al hotel Porto Cobo, al lado del mar, se construirán otras 37 protegidas.