MARTA VILLAR | OLEIROS
Trece años de permutas, convenios, expropiaciones, juicios e incluso enfados eternos de familias. Esto es lo que ha costado la construcción del paseo marítimo de Mera, cuya segunda fase, 800 metros hasta llegar a la playa de Espiñeiro, fue inaugurada ayer.
La directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz; el delegado del Gobierno, Antón Louro; el subdelegado del Gobierno, José Manuel Pose Mesura; y el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acudieron ayer al paseo marítimo, a la altura de la Casa do Arxentino, para inaugurar este segundo tramo que ya se terminó en verano.
El temporal no obstante obligó a las autoridades a abandonar la carpa instalada en el exterior y refugiarse en una cafetería cercana, por lo que tampoco pudo descubrirse la placa colocada en un monolito de piedra al borde del paseo.
El responsable de Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, explicó sobre un plano ante los asistentes la obra que ha ejecutado el Estado y destacó el "tratamiento respetuoso con el medio ambiente". Eimil recordó que el Ministerio gastó 560.000 euros en comprar el conocido chiringuito de la playa de Espiñeiro para luego demolerlo y aumentar así la superficie del arenal.
Esta obra también obligó a demoler cinco pequeñas viviendas situadas cerca del edificio Casablanca. García Seoane recordó que el Concello realizó convenios y permutas con los dueños de estas viejas viviendas, a los que se les dieron tres pisos y dos locales comerciales a cambio.
Ángel García Seoane resaltó que el Ayuntamiento gastó más que el Ministerio de Medio Ambiente para hacer realidad este paseo, sobre todo en hacer las permutas y en juicios.
El regidor resaltó que no invitó a este acto al Partido Popular porque puso "obstáculos" y "difamó" en todo el proceso, incluso ahora al final, al criticar que el paseo no está adaptado para discapacitados.
Los avatares del paseo marítimo de Mera sin embargo no han concluido tras más de una docena de años: los propietarios de la Quinta Penatouro presentaron hace poco más de un mes un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra los decretos de la Alcaldía de este año, junto con una resolución de 2003, por los que se aprobaron modificaciones del plan general urbano para definir el trazado del paseo con una anchura de tres metros delante de esta finca.
La familia propietaria de la quinta también ha solicitado la suspensión de estos decretos como medida cautelar. El Concello ya acordó personarse en este juicio tanto en el recurso como en la petición de medidas cautelares y ha nombrado abogados y procuradores.
Estos propietarios y el alcalde firmaron un acuerdo en 1994 por el que supuestamente cedían terreno a cambio de que el paseo se desviase por detrás de la finca y no dañar así su mirador y el cierre. Estos afectados denunciaron que se incumplió el convenio y se optó por expropiar por lo que quedó afectado el frente de su vivienda, que está protegida. En su día incluso impidieron la entrada de los trabajadores para realizar las obras del paseo hasta que lo permitió el juzgado.