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Oleiros

El BNG exige una comisión de investigación de la escuela de música

Afirma que existe un caso de incompatibilidad, pues responsables de la empresa son también profesores y, además, funcionarios

 09:29  

MARTA VILLAR | OLEIROS Dos de los socios fundadores de la empresa que gestiona la escuela de música de Oleiros son también profesores en dicha escuela a pesar de ser funcionarios en el conservatorio de A Coruña. El BNG considera que la situación de incompatibilidad es muy clara por lo que en el próximo pleno solicitará la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la entidad compuesta por representantes de todos los grupos políticos.

La portavoz nacionalista, Fina Quintáns, presentó ayer en el registro municipal la documentación relacionada con la empresa adjudicataria de la escuela, como los datos del registro mercantil, con el fin de que el alcalde no puede "alegar desconocimiento de la situación". Esta formación recuerda que además de esta supuesta incompatibilidad existen más conductas que "desprestigian" la escuela de música, como el hecho de que la empresa hay despedido a cinco empleados sin indemnización y hace dos años echase también al director de la big band y el juez lo declarase nulo.

Quintáns señala además que los titulares de la empresa y algún otro funcionario que imparte clases en la escuela de música facturan como si se tratase de clases magistrales para "eludir" la prohibición que establece el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la administración gallega y de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

La ley de incompatibilidad también prohibe a los funcionarios tener en una empresa o sociedad una participación superior al 10%. Según los datos del registro mercantil respecto a los propietarios de la empresa concesionaria, dos son un matrimonio que reside en A Coruña y que tienen cada uno el 49,35% de las acciones, mientras que el tercer miembro posee un 1,29%. En el caso del matrimonio los dos son funcionarios y ambos superan el límite del 10% tal y como resalta el BNG que considera que el deber del alcalde es "conocer qué tipo de empresa" lleva un servicio municipal.

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